Leemos con preocupación los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación laboral continúa aumentando progresivamente y el desempleo llegó a 9,6% en el trimestre junio-agosto de 2026. Esto significa que en Chile hay 989.400 personas sin trabajo. Esta es más que una cifra, son personas a los/as que se les impide su realización.
El problema central del trabajo hoy tiene que ver con la existencia de un modelo económico y cultural: capitalismo-neoliberalismo, que lo convierte en una mera mercancía que esclaviza al trabajador/a y que entrega la responsabilidad de su fortalecimiento al mercado, restringe la acción del estado en esa área e impide que se generen condiciones dignas de trabajo.
En este sentido, la Doctrina Social de la Iglesia Católica ha establecido un principio que constituye el eje de toda reflexión sobre la economía y la sociedad: la primacía del trabajo humano sobre el capital. Incluso un papa tan conservador como Juan Pablo II lo expresó con claridad en su encíclica "Laborem Exercens", n° 12: "Se debe ante todo recordar un principio enseñado siempre por la Iglesia. Es el principio de la prioridad del 'trabajo' frente al 'capital'". El capital es un instrumento; el trabajo es la expresión de la persona humana que, al trabajar, se realiza y contribuye a la construcción de la sociedad".
La base de esta primacía radica en una distinción fundamental: el capital está compuesto por cosas, por medios de producción, mientras que el trabajo es siempre realizado por personas. Juan Pablo II lo formuló con precisión al señalar que "conviene subrayar y poner de relieve la primacía del hombre en el proceso de producción, la primacía del hombre respecto de las cosas" (Juan Pablo II, "Laborem Exercens", n° 12). El capital, en sí mismo, es fruto del trabajo humano acumulado; las máquinas, las instalaciones y la tecnología son el resultado de la inteligencia y el esfuerzo de generaciones de trabajadores. Por tanto, subordinar el trabajo al capital es invertir el orden natural de las cosas: es hacer que el ser humano sirva a lo que él mismo ha creado.
Esta verdad se comprende cabalmente cuando se contempla el trabajo no solo como un medio de subsistencia, sino como una dimensión esencial de la existencia humana. El Concilio Vaticano II, en la constitución pastoral "Gaudium et Spes", n° 63, recordó que "la economía está al servicio de la persona humana y del bien común".
La persona siempre valdrá más que las cosas; la producción económica existe para servir al hombre, y nunca el hombre debe convertirse en instrumento de la economía. Cuando la riqueza se convierte en un absoluto, la persona termina siendo utilizada y su dignidad queda comprometida.
El trabajo posee una triple dimensión: es el medio que permite nuestra subsistencia, es un derecho y es un deber. Es un derecho humano fundamental. Toda persona tiene derecho al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias para su desarrollo, y a la protección contra el desempleo. Pero este derecho no se agota en el acceso a una ocupación cualquiera. Implica un salario justo, seguridad social, descanso, libertad de asociación y condiciones que respeten la dignidad de la persona. La Iglesia Católica ha sido constante en denunciar las situaciones en las que estos derechos son violados y en recordar que la dignidad y los derechos de los hombres del trabajo son parte integrante de los derechos humanos (Juan Pablo II, "Laborem Exercens", n° 8).
Al mismo tiempo, el trabajo es un deber. No se trata de una carga impuesta, sino de una contribución necesaria al bien común. "El hombre debe trabajar por respeto al prójimo (...) respeto a la propia familia (...) a la sociedad a la que pertenece (...) heredero del trabajo de generaciones y (...) coartífice del futuro de aquellos que vendrán después de él (...)" (cf. "Laborem Exercens", n° 16). El trabajo es el modo ordinario mediante el cual cada persona se procura el pan cotidiano, contribuye al progreso de la ciencia y la técnica, y eleva el nivel cultural y moral de la sociedad en la que vive. Quien trabaja no solo se sostiene a sí mismo y a su familia; sostiene también la vida de la comunidad.
La dimensión social del trabajo es, por tanto, inseparable de su dimensión personal y política. El trabajo debe dignificar a quien lo realiza, pero también construye comunidad. La búsqueda del bien común está por encima de cualquier interés privado. El bien común exige que la producción y el beneficio no se persigan de manera aislada, sino que se orienten a la promoción integral de cada hombre, cada mujer, cada comunidad. Esto significa que la actividad económica debe generar cohesión, no exclusión y menos, en palabras del papa Francisco: "Descarte".
Cuando el trabajo deja de ser un camino de dignificación y se convierte en una mercancía, cuando la persona es tratada como un medio y no como un fin, surge lo que la Iglesia Católica ha denunciado sin ambigüedades: el trabajo esclavo.
La Doctrina Social de la Iglesia Católica, propone un sistema económico alternativo al imperante, señala cuáles son el conjunto de principios morales permanentes que deben inspirar la vida económica, y frente a estos hay que discernir cuál es el modelo económico que los encarna. No podrá ser aquel que pone su centro en el dinero, el lucro y que crea nuevas formas de dominación y esclavitud. Por lo que, se trata de crear una vía postcapitalista que ponga su centro en la solidaridad, el respeto de comunidades, pueblos, individuos/as por sobre el consumo, el egoísmo y el dinero.
El principio de la primacía del trabajo sobre el capital significa, en concreto, que el hombre es el sujeto del trabajo y que el capital debe estar a su servicio. Significa que la desocupación es un mal grave, que el salario justo, la seguridad social y la libertad sindical no son concesiones, sino exigencias de justicia.