Ley FUC, herramienta para una mejor infraestructura
Una de las mayores dificultades que enfrentan las municipalidades en Chile es la falta de recursos para responder a las demandas de las comunidades por una mayor y mejor infraestructura urbana. Esta carencia dificulta la nivelación de los servicios que se proveen entre comunas, proyectando una desigualdad que golpea con más fuerza a las zonas más pobres.
En este contexto, resulta de enorme importancia el reciente seminario organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) realizado este mes en la U. Federico Santa María, en Hualpén. Este encuentro logró reunir a más de 30 alcaldes, parlamentarios y especialistas para analizar alternativas de ejecución de proyectos locales, debatir sobre la Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC) y dar a conocer las posibilidades que ofrece la empresa Desarrollo País.
El gran desafío es poner a disposición de las municipalidades instrumentos de financiamiento que, contando con reglas claras, mecanismos de resolución de controversias y todos los controles necesarios de transparencia, permitan que los recursos privados se destinen a la infraestructura de uso público sin gravar el presupuesto nacional. Esto cobra especial relevancia en las ciudades y comunas más pequeñas o rurales, donde estos mecanismos deben ser accesibles aun cuando los proyectos tengan una baja rentabilidad comercial.
Sin embargo, para materializar esta visión es evidente la necesidad de perfeccionar la actual ley de Financiamiento Urbano Compartido, una normativa vigente desde 2003. Vemos que existe un gran desconocimiento entre los alcaldes sobre las potencialidades de esta ley, producto de una divulgación excesivamente centralizada.
Además, la aplicación de estos instrumentos exige una preparación técnica con la que gran parte de los municipios pequeños no cuenta. Entre las modernizaciones propuestas a la ley FUC destacan la necesidad de incorporar a los Gobiernos Regionales para que aporten recursos técnicos en la evaluación de proyectos y vinculen estas iniciativas con los planes de desarrollo territorial. Es imperativo corregir restricciones vigentes que impiden compensar financieramente al aportante privado. Por ejemplo, la construcción de edificios consistoriales se podría financiar reemplazando los gastos actuales de arriendo municipal.
Así, es clave la alianza estratégica entre el CPI y la AChM para articular la capacidad técnica con la experiencia municipal, lo que permite impulsar una agenda de perfeccionamiento de la ley. El objetivo de este esfuerzo coordinado es elaborar mejoras a este cuerpo legal para que el gobierno las acoja y las envíe al Parlamento para su pronta tramitación.
Finalmente, es fundamental valorar la disposición de las autoridades locales para alcanzar acuerdos de manera transversal. El seminario dejó en evidencia coincidencias en torno a la urgencia de innovar, revisar procedimientos y explorar activamente la inversión privada, dejando atrás obstáculos acumulados en distintas administraciones. Esta visión unitaria demuestra que las municipalidades están decididas a aprovechar la disposición de los empresarios para colaborar con el desarrollo local, un esfuerzo que irá en beneficio directo de la calidad de vida de todos los habitantes del país.