Sala cuna: dos pasos adelante y tres hacia atrás
En Chile, el gran empresariado -y quienes lo representan en el Gobierno y el Congreso- considera que cualquier mejora en las condiciones de las y los trabajadores es un costo laboral. Sin embargo, un país que desde 2012 el Banco Mundial clasifica como de "altos ingresos" puede ofrecer un mejor trato a quienes generan buena parte de esa riqueza. Lo que falta no son recursos, sino voluntad de repartirlos con justicia.
Desde siempre, las familias han debido resolver quién cuida a las hijas y los hijos. En muchos casos, para que el padre salga a trabajar, es la madre quien se queda a cargo. Pero si ella necesita o quiere trabajar de manera remunerada, ¿será el padre quien los cuide? ¿Una abuela, una vecina, una trabajadora de casa particular?
Desde 1917, cuando el PIB per cápita en Chile era entre cinco y siete veces menor al de hoy, la ley estableció que las fábricas con 50 o más mujeres mayores de 18 años debían proveer salas cuna para los hijos menores de un año. En 1925 se redujo el umbral a 20 o más trabajadoras, de cualquier estado civil o edad; en 1966 se amplió la cobertura hasta los dos años; y en 2009 el derecho se extendió al padre que tuviera el cuidado personal del niño/a. En 1970, con la creación de la Junji, también se avanzó, integrando formalmente las salas cuna al nivel educativo inicial, estableciendo estándares de funcionamiento.
En 2026 se pretende dar dos pasos adelante y tres hacia atrás. Es un avance eliminar el umbral de 20 mujeres, que ambos padres tengan el derecho (o que las y los niños sean sus titulares) y que este se extienda a trabajadoras y trabajadores de casa particular e independientes.
También lo es crear un fondo solidario y corresponsable, pero es un claro retroceso que los empleadores no aporten recursos frescos, sino una parte de los que destinan al seguro de cesantía de sus trabajadores. Además de restarle fondos a ese seguro, esto equivale a un subsidio a las grandes empresas que hoy proveen sala cuna. Qué paradójico sería que el gran empresariado se librara del costo de la sala cuna antes de conseguir el contrato por hora, la indemnización a todo evento o la repartición anual de las 40 horas.
Además, se rebaja el estándar vigente desde 1917: los empleadores solo quedarían obligados a pagar la cotización e informar sobre las salas cuna disponibles, sin asegurar que quienes lo necesitan accedan efectivamente a una. Y podrían no acceder, por al menos dos motivos.
Primero, si existe una diferencia entre el precio de la sala cuna y el aporte del Fondo (5,2 UTM, unos $375.000), la brecha la asume el trabajador o la trabajadora mediante copago. Es decir, las asalariadas que hoy tienen cubierto el costo completo de la sala cuna, podrían enfrentar un retroceso y tener que comenzar a pagar. De acuerdo con el "Estudio de precios de sala cuna 2026" de Edenred, en todas las regiones el precio promedio supera al aporte del fondo, con copagos que podrían ir desde los 68 a los 172 mil pesos, en promedio. Esto no solo desdibuja el derecho, sino que, además, contradice los consensos alcanzados hace más de diez años para eliminar el copago y evitar la segregación socioeconómica.
Segundo, en muchas comunas solo hay salas cuna públicas (Junji, Integra y VTF), que no recibirían el aporte del Fondo. Sin recursos adicionales, esa red no puede ofrecer todas las vacantes necesarias, en horarios compatibles con la jornada laboral y con atención durante todo el año, ni asegurar los estándares del Reconocimiento Oficial. Así, se legisla sobre un derecho que, en muchos casos, no tiene posibilidad de ejercerse.
En síntesis, el proyecto avanza al eliminar el umbral de 20 mujeres y crear el fondo, pero retrocede en la contribución y la responsabilidad de los empleadores, en habilitar el copago y en dejar fuera a la red pública de educación parvularia. Eso no es universalidad y, si el servicio se amplía, será a costa de las y los trabajadores. Chile no necesita más gatos por liebre. Tras tantos años de discusión en el Congreso, la sala cuna debe ser, por fin, un derecho garantizado, y eso exige una fórmula justa para financiarla.