¿Volante o maleta?
Las restricciones fiscales existen. Lo que no viene predeterminado es quién debe pagar el ajuste. Presentar ese reparto como una obligación técnica es esconder una decisión política.
En 2001, Orlando Lübbert estrenó "Taxi para tres", una película que mezcla humor negro, precariedad y supervivencia en Santiago. Ulises, un taxista interpretado por Alejandro Trejo, es abordado por dos delincuentes, encarnados por Daniel Muñoz y Fernando Gómez-Rovira, quienes lo obligan a participar en sus asaltos. La amenaza queda resumida en una pregunta instalada en la memoria del cine chileno "¿volante o maleta?". Puede conducir para ellos o terminar encerrado en el maletero. Tiene dos opciones, pero ninguna le permite decidir libremente el recorrido.
La escena permite pensar el debate económico sin equiparar a las autoridades con los personajes de la película. Lo relevante es la estructura de la elección, alguien define el destino y los demás solo pueden acomodarse a las alternativas disponibles. Estar frente al volante no significa necesariamente tener el control.
El problema no es reconocer que existen restricciones fiscales. Es convertirlas en un argumento para clausurar la discusión sobre quién debe asumir el ajuste. Una cosa es aceptar que los recursos son limitados y otra, muy distinta, aceptar que su distribución ya viene decidida. El presupuesto establece límites, pero no determina por sí solo qué se protege y qué se sacrifica.
Los datos muestran por qué esa discusión importa. En septiembre, el Banco Central redujo su proyección de crecimiento para 2026 desde un rango de 1%-1,75% a otro de apenas 0,25%-0,75%. No es todavía el resultado definitivo del año, pero sí una corrección significativa de las perspectivas económicas.
La información más reciente tampoco permite celebrar una recuperación consolidada. En septiembre, el Imacec creció solo 0,2% respecto del mismo mes del año anterior. Sin embargo, el componente no minero aumentó 2%, mientras la minería cayó 12,1%. Esa diferencia obliga a ser rigurosos: no toda la economía se mueve igual ni todos sus problemas tienen la misma causa.
Sería incorrecto atribuirle al gobierno los shocks internacionales, las condiciones climáticas adversas o todas las dificultades productivas de la minería. El Banco Central identifica esos factores como parte del debilitamiento económico. Pero también advierte que se sumaron una demanda interna más débil y un deterioro del mercado laboral. No basta, entonces, con mirar lo que ocurre fuera de nuestras fronteras.
Ningún conductor decide dónde aparecen todos los "eventos". Sí debe responder por la velocidad con que los enfrenta y por las precauciones que toma para proteger a sus pasajeros. Ahí comienza la responsabilidad económica de Kast y Quiroz, no en haber creado cada dificultad, sino en la respuesta que eligieron frente a ella.
¡Buena, Fittipaldi!, podría comentar un pasajero ante tanto entusiasmo por acelerar. Pero conducir una economía no consiste en demostrar quién ajusta más rápido. Anunciar recortes no acredita, por sí solo, una buena conducción. También importa evaluar el estado del camino y las condiciones de quienes van dentro.
El crecimiento anual de la demanda interna pasó de 2,3% en el primer trimestre a 0,1% en el segundo, con menor dinamismo del consumo privado y de la inversión. El gasto fiscal también mostró una expansión más acotada. Esto no demuestra que Hacienda haya causado toda la desaceleración. Sí obliga a preguntar si el ajuste pone a la economía en el cambio adecuado para recuperar impulso o le exige andar en quinta cuando apenas tiene fuerza para avanzar en segunda.
No se trata de una discusión abstracta. Los recortes presupuestarios de 2026 incluyeron una reducción de $197.698 millones en Educación, equivalente a 1,12% de su presupuesto, y de aproximadamente $30.469 millones en Agricultura. Son decisiones identificables, no simples movimientos del escenario internacional.
Esas cifras, por sí solas, no permiten afirmar cuántos empleos se perdieron o cuántas prestaciones dejaron de entregarse. Para establecerlo hay que revisar la ejecución y los programas afectados. Pero, ¿qué se dejó de financiar, qué se protegió y con qué criterio? Llamar "eficiencia" a una reducción no reemplaza la obligación de demostrarla.
El presupuesto expresa una jerarquía de prioridades. Si se decide reducir una partida y preservar otra, corresponde explicar las razones y evaluar sus consecuencias. La restricción fiscal obliga a tomar decisiones, no vuelve indiscutible el reparto de sus costos.
Ese reparto, además, debe evaluarse considerando la situación de quienes enfrentarán sus efectos. El desempleo llegó a 9,8% en julio-septiembre, con alrededor de un millón de personas desocupadas. No es una medida del efecto de los recortes ni un problema originado íntegramente en esta administración. Es el contexto de fragilidad laboral en el que se toman esas decisiones.
Los combustibles muestran que no basta con mirar el camino, también importa cómo se pasan "los lomos de toros". El Gobierno no provocó el encarecimiento internacional del petróleo, pero optó por trasladarlo a los precios internos y después anunció compensaciones focalizadas. A mi juicio, fue una mala maniobra, ahorró en amortiguación fiscal y dejó que los bolsillos hicieran de suspensión. La inflación encareció el viaje y redujo lo que hogares y empresas podían destinar a otros gastos. El golpe no se sintió igual, quien llevaba el volante podía explicar la maniobra, quien iba en la maleta se golpeó la cabeza.
Tampoco sería riguroso negar los posibles beneficios de las reformas y que la ley de Reconstrucción contribuya a una mayor expansión desde 2027. Pero una inversión esperada para el próximo año no equivale a un empleo creado hoy. Gobernar también consiste en hacerse cargo de la distancia entre los costos presentes y los beneficios prometidos.
Pedir paciencia puede ser razonable, exigirla sin una protección suficiente para quienes absorben los costos es otra cosa. La legitimidad de una política no depende solamente del destino que promete, sino también de cómo distribuye los riesgos durante el trayecto.
Por eso, la responsabilidad fiscal debe incluir una evaluación transparente de los recortes, de los beneficios tributarios y de la inversión que conviene proteger. No basta con anunciar cuánto se ahorrará, sino también, hay que explicar qué consecuencias tendrá ese ahorro y sobre quién recaerán. Discutir alternativas no equivale a desconocer la restricción presupuestaria; equivale a tomársela en serio.