El territorio en el centro de la formación universitaria

La pertinencia de una universidad pública regional se juega, en buena medida, en la formación que ofrece. En las preguntas que sus estudiantes aprenden a formular, en los conocimientos que consideran relevantes y en las decisiones profesionales que serán capaces de tomar. Para las universidades regionales, esta reflexión adquiere especial sentido ante la diversidad social, cultural y geográfica de los territorios con los que se relaciona. La ruralidad, la insularidad, las desigualdades y las transformaciones ambientales y productivas plantean problemas que deben encontrar un lugar sustantivo en la experiencia universitaria.

El artículo "Docencia universitaria con enfoque territorial: tensiones epistemológicas y expectativas formativas", publicado en la Revista Universidad y Territorio, propone un marco conceptual para examinar esta relación. Su planteamiento central es que incorporar el territorio a la docencia compromete la manera en que se seleccionan los contenidos, se construyen los problemas de aprendizaje y se valora el conocimiento. Desde una revisión teórica y documental, el trabajo ofrece fundamentos y orientaciones cuya aplicación requiere deliberación académica y la evaluación de experiencias concretas.

Entender el territorio en estos términos exige reconocer su densidad histórica y social. En él conviven instituciones, comunidades, memorias, capacidades y conflictos; también intereses divergentes y relaciones desiguales de poder. La universidad participa de esa realidad mediante los profesionales que forma, las investigaciones que desarrolla y las alianzas que establece. Sus decisiones académicas tienen consecuencias territoriales, incluso cuando esa relación queda fuera de la discusión curricular. Esta perspectiva interpela una concepción de la enseñanza centrada en la transmisión de contenidos relativamente independientes de sus contextos de uso, en la que el dominio disciplinario conserva toda su importancia, pero adquiere una exigencia adicional: permitir que los estudiantes comprendan las condiciones bajo las cuales un conocimiento resulta pertinente, reconozcan sus límites y justifiquen su aplicación. Una respuesta técnicamente consistente puede resultar insuficiente si desconoce las experiencias, los recursos o las prioridades de quienes deberán convivir con sus efectos.

Por eso, el diálogo entre saberes ocupa un lugar decisivo. Los conocimientos profesionales, comunitarios e indígenas pueden aportar dimensiones que las categorías académicas no logran explicar por completo. Reconocer ese aporte requiere capacidad de escucha y disposición para revisar las propias interpretaciones. También demanda discernimiento: cada conocimiento debe ser examinado en sus alcances, evidencias y limitaciones; así, el rigor universitario se fortalece cuando se enfrenta a preguntas que ponen a prueba sus supuestos, porque llevar esta orientación a la formación plantea un desafío curricular concreto ahí donde las carreras necesitan identificar dónde y con qué propósitos los problemas territoriales pueden enriquecer el aprendizaje, desde asignaturas disciplinares hasta prácticas profesionales y trabajos de titulación. En este sentido, el aprendizaje-servicio, la investigación-acción o los proyectos interdisciplinarios ofrecen posibilidades, siempre que exista coherencia entre los resultados de aprendizaje, la participación de los actores y la evaluación. Su valor depende del diseño y de la calidad de las relaciones que hacen posible la experiencia.

Para las universidades regionales, una vía de implementación sería avanzar mediante acuerdos entre carreras, unidades académicas y equipos de vinculación con el medio, definiendo ámbitos de colaboración que puedan sostenerse a lo largo del tiempo. Ello permitiría articular experiencias de distintos niveles formativos en torno a problemas compartidos, aprovechar los aprendizajes acumulados y evitar que cada asignatura deba reconstruir sus vínculos desde el inicio. La continuidad institucional resulta especialmente relevante cuando los tiempos de una organización o de una comunidad exceden el calendario semestral. En este proceso, el trabajo docente merece atención central, porque diseñar experiencias situadas supone traducir lenguajes, coordinar expectativas, acompañar procesos abiertos y abordar desacuerdos. Estas tareas requieren preparación, tiempo y reconocimiento académico; requieren una política que promueva la docencia territorial y que se haga cargo de esas condiciones mediante formación, apoyo técnico, coordinación y valoración del trabajo realizado; de lo contrario, su sostenibilidad queda expuesta a la disponibilidad personal de quienes la impulsan.

La participación de los actores del territorio también debe tener consecuencias reconocibles. La bidireccionalidad adquiere contenido cuando sus perspectivas influyen en la definición de los problemas, en las decisiones de trabajo y en la valoración de los resultados. Esto obliga a establecer acuerdos sobre las responsabilidades, el uso de la información y la devolución de productos. Las organizaciones tienen derecho a saber qué pueden esperar de una experiencia universitaria y cuáles son sus límites. La confianza se construye cumpliendo esos compromisos y evitando prometer lo que la institución no está en condiciones de sostener.

La evaluación introduce otra exigencia de precisión. Conviene distinguir entre lo que aprende el estudiantado, los resultados de la colaboración y la contribución al territorio. Un informe útil para una organización no acredita, por sí mismo, el aprendizaje de todos los participantes; del mismo modo, una experiencia formativa valiosa puede requerir más tiempo para producir efectos externos verificables. Esta distinción permite valorar los logros con mayor rigor y reconocer que los cambios territoriales suelen depender de múltiples actores y procesos. Contar actividades y participantes ofrece información necesaria, aunque limitada. Comprender la calidad de una experiencia exige examinar las decisiones, los productos, los aprendizajes y las valoraciones de los interlocutores, por lo que los registros institucionales deberían facilitar esa comprensión y orientar las mejoras. Del mismo modo, la acreditación puede favorecer la sistematicidad, pero la apropiación académica del enfoque debe sostenerse en su valor formativo y público.

Hay, además, una condición de equidad que debe incorporarse desde el diseño. Los traslados, los horarios, las responsabilidades de cuidado y las dificultades de conectividad pueden limitar la participación estudiantil. Una formación comprometida con las desigualdades territoriales debe prever apoyos para que dichas desigualdades no determinen quiénes pueden acceder a las experiencias que propone.

La universidad regional tiene en esta discusión la oportunidad de profundizar en la relación entre su misión pública y sus decisiones formativas. Avanzar exige prioridades compartidas, recursos y capacidad para aprender de la implementación. El horizonte es formar profesionales que comprendan los contextos en los que actúan, fundamenten sus decisiones y respondan por las consecuencias de sus decisiones. Hacer del territorio una dimensión constitutiva de la docencia implica asumir esa responsabilidad desde el currículo y sostenerla en la vida cotidiana de la institución.

Columna basada en: Delgado Álvarez, C. A. (2026). Docencia universitaria con enfoque territorial: tensiones epistemológicas y expectativas formativas. Revista Universidad y Territorio, 3(1), 1–14. https://doi.org/10.35588/rutvol3n1art1.