Más que un computador: el costo de terminar con "Yo Elijo Mi PC"
En una era en que la tecnología -y especialmente la inteligencia artificial- ha irrumpido en nuestras vidas, desarrollar competencias digitales en nuestros estudiantes ya no es una opción, sino una necesidad educativa y social. Formar a los futuros ciudadanos implica no solo enseñarles a utilizar la tecnología de manera técnica, sino también entregarles herramientas para comprenderla, evaluarla críticamente y utilizarla de manera responsable, segura y ética.
En este contexto, la descontinuación del programa "Yo Elijo Mi PC" constituye una decisión que debiera ser cuidadosamente revisada. El programa, creado en 2009, ha permitido durante años que miles de niños, niñas y jóvenes de nuestro país tengan acceso a un computador y, con ello, a oportunidades de aprendizaje que de otra manera podrían estar fuera de su alcance. Solo durante este año, 96.100 estudiantes a nivel nacional han sido beneficiados.
Más que la entrega de un computador, este programa representa una política de equidad educativa. El acceso a dispositivos tecnológicos sigue estando desigualmente distribuido entre los hogares y establecimientos educacionales, especialmente en los sectores de mayor vulnerabilidad. Por ello, suspender una iniciativa de estas características corre el riesgo de profundizar una brecha que no es únicamente de acceso, sino también de oportunidades para desarrollar competencias digitales. Sin condiciones mínimas de acceso, difícilmente podremos garantizar que todos tengan las mismas oportunidades para desarrollar estas competencias.
Es cierto que algunas municipalidades ya han anunciado que buscarán alternativas para continuar entregando estos recursos a sus estudiantes. Sin embargo, el acceso a la tecnología no debería depender del lugar donde un niño o niña tenga la posibilidad de vivir o de los recursos disponibles en su municipio. Si queremos avanzar hacia un sistema educativo más equitativo, las oportunidades de aprendizaje digital deben constituir una responsabilidad de política pública y no quedar sujetas a la capacidad de cada territorio para financiar soluciones propias.
Por ello, espero que el Gobierno evalúe no solo el costo inmediato de mantener el programa, sino también el costo educativo y social de descontinuarlo. En este caso, mantener y fortalecer una política que favorece el acceso tecnológico puede ser una inversión en equidad, inclusión y ciudadanía digital. Por eso, sería importante reconsiderar la decisión y avanzar, más que hacia la eliminación del programa, hacia su fortalecimiento y actualización frente a los nuevos desafíos que plantea la sociedad digital.