La infancia no se transa, el límite ético de la justicia
Gobernar no consiste únicamente en administrar normas. También implica ejercer un liderazgo ético y moral capaz de sostener principios incluso cuando las decisiones resultan complejas. La condena del abuso sexual infantil debe ser transversal, inequívoca y permanente. No puede depender de quién gobierna, de las conveniencias políticas ni de las interpretaciones que pretendan desplazar a las víctimas del centro de la discusión.
Sabemos que existen decisiones políticas que admiten diferencias legítimas. Podemos discutir prioridades, leyes e interpretaciones jurídicas. Pero existen principios que una sociedad no debiera someter a negociación. La protección de la infancia es uno de ellos. Y cuando hablamos de abuso sexual y violación de niños, niñas y adolescentes, debemos tener la convicción de establecer una frontera ética entre aquello que puede discutirse y aquello que sencillamente no debiera permitirse.
La controversia por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad nos enfrenta a una pregunta tan incómoda como necesaria: ¿Qué mensaje estamos entregando a quienes tuvieron que enfrentar una de las vulneraciones más profundas de su dignidad?
No se trata de desconocer el Estado de Derecho, sino de exigir una legislación coherente con la gravedad de estos delitos y con el deber reforzado de protección que tenemos hacia niños, niñas y adolescentes. Rebajar condenas por abuso sexual o violación de menores no debiera tener cabida en una política pública que declara a la infancia como prioridad.
Una sociedad se define por los límites que decide no cruzar. Y un Estado demuestra su estatura moral cuando es capaz de proteger a quienes más lo necesitan.
La niñez no se toca, no se vulnera y no se negocia. Rebajar condenas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes plantea una profunda contradicción ética para un Estado que tiene el deber de protegerlos.
No basta con invocar procedimientos legales cuando detrás de cada sentencia existe una infancia herida, una confianza quebrantada y una dignidad que merece justicia. La responsabilidad de un gobierno no termina en aquello que la ley le permite hacer; comienza también en la valentía moral de reconocer aquello que nunca debiera permitir.
La grandeza ética de un Estado se mide por su valentía para establecer límites inquebrantables. Rebajar condenas por delitos sexuales contra menores contradice ese deber esencial: proteger, reparar y hacer justicia a quienes nunca debieron ser vulnerados.