Ignorancia docta
Finalmente y con gran alegría hemos recibido la noticia que la Cámara de Diputados rectificó la deplorable decisión de la Comisión de Familia de no aumentar la subvención a organismos colaboradores del Sename.
Los argumentos esgrimidos por dicha comisión dejaron, una vez más de manifiesto, la miope visión y la ignorancia doctoral de algunos honorables ante temas de tanta relevancia nacional. También quedó en evidencia cuales son las prioridades que se privilegian ante cuestiones de tanta importancia y que afectan la marcha y desarrollo de un país.
Sus falaces argumentos, entre otros, que las instituciones privadas son corruptas debido a que lucran con el dinero que licitan y no respetan los “derechos de los niños” dan a conocer fehacientemente la ausencia de fiscalización que los caracteriza desde hace ya algún tiempo.
La Cámara, con este tipo de representantes, no tiene gran futuro, y no está a la altura de las responsabilidades que el pueblo votante les encomienda.
En casi 40 años de visita a jóvenes en privación de libertad, nunca los he visto en terreno ¿cómo pueden entonces hablar con propiedad?
La liviandad de las explicaciones que vertieron deshonró a cientos de personas e instituciones nobles, generosas y sacrificadas que por decenios han sido educadores de niños vulnerados, maltratados, abusados e imputados por delitos.
La verdadera razón del no aumento de la subvención, y que no se atrevieron a decir se arraigan más bien en ideologías políticas y partidistas, en lugar de anteponer la justicia y los derechos que se les debe a ese segmento de niños y jóvenes oprimidos y excluidos.
Silenciaron a la ciudadanía que los centros administrados por el Estado reciben casi 4 veces más de presupuesto que las fundaciones privadas, siendo aquellos, antesalas de la muerte. Crímenes alevosos, corrupción y vergüenza inaceptable.
Así se potencia la delincuencia en Chile, ya que 1 de cada 2 delitos juveniles son realizados por niños que han pasado por el Sename.
Resulta cínico, desfachatado y descarado que la Comisión de la Familia de la Cámara de Diputados diga que los privados “no respetan los derechos de los niños”.
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