SalfaCorp debe pagar lo que debe

Patricio Herman

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La constructora Tecsa, de la cual el autor de esta columna tenía una óptima opinión mientras sus dueños controladores eran la familia Binder, fue adquirida en enero de 2011 por el gigante de la construcción SalfaCorp, la que se quedó con todas las filiales y empresas relacionadas de Tecsa, empresa ésta de vasta experiencia por más de 60 años a nivel país en el ámbito industrial, inmobiliario, minería, infraestructura y energía.

Según la prensa de negocios, el propósito de la transacción era continuar con el potenciamiento de las operaciones de ingeniería y construcción de SalfaCorp como también consolidar nuevas líneas de negocios de la compañía, como lo son la de grandes movimientos de tierra y construcción de túneles en roca para minería e industrias, ello según lo señalado a través de un hecho esencial enviado por su gerente general a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Con este potenciamiento, el constructor SalfaCorp ha ampliado su presencia en el lucrativo mercado inmobiliario y desde que se tomó conocimiento de la compra, sus acciones tuvieron una considerable alza lo que significó una alerta en la SVS, institución fiscalizadora que analizó las operaciones velando por el correcto funcionamiento de los mercados accionarios.

Pero, y siempre  hay un pero, teniéndose presente que SalfaCorp se presenta públicamente como el “mayor grupo empresarial del sector de la construcción en Chile, con un indiscutible liderazgo que ha cultivado durante sus 85 años de historia” (sic), nos vemos en la obligación de informar que SalfaCorp pasó por encima de un pequeño contratista que le arrendó una correa transportadora que se utilizó en la construcción de una torre de oficinas de 21 pisos que enfrenta las avenidas Isidora Goyenechea y El Bosque Norte, del barrio El Golf de la comuna de Las Condes.

Dicha moderna torre, todavía no terminada, era inicialmente del Banco Santander, la que le fue vendida meses atrás en la suma de US$ 107 millones al poderoso grupo Angelini.

Pues bien, SalfaCorp vía su delegada Tecsa, a fines del año 2014, contrataron a la pequeña pero muy competente empresa Cintas Transportadoras Limitada, para que le arrendara por un corto período de tiempo una cinta especial que se ocupó en las obras de la torre antes indicada, operación comercial que generó una factura por una suma del orden de los $ 3 millones. Vencido el plazo de arrendamiento SalfaCorp devolvió al arrendador la correa, negándose sin razones válidas a pagar el contrato y como las innumerables gestiones de cobranza desarrolladas por la Pyme mencionada no produjeron efecto, fue necesario que el engañado interpusiera un recurso en los tribunales de justicia.

Después de muchos dimes y diretes en la tramitación del juicio en el 12º Juzgado Civil de Santiago (C-2567-2015) la jueza sustanciadora el 21 de septiembre de 2015 ordenó a la morosa atender que tiene “la obligación de pagar la suma consignada en la factura que motiva el libelo enderezado”, condenando en costas a la parte ejecutada.

Pero, los letrados del Estudio Ossandón Abogados, cuyo socio principal y fundador es Roberto Ossandón Irarrázabal, defensores de la sociedad incumplidora de sus compromisos, han insistido en la postura de la empresa por ellos representada, a pesar de la existencia de ese fallo condenatorio.

Llama la atención que el abogado Ossandón sea presidente del think tank de derecha Instituto Libertad, institución que funciona en las mismas oficinas de Renovación Nacional. Asimismo suponemos que el senador Manuel José Ossandón, hermano del anterior, cuando conozca este episodio, se molestará por la situación, porque en un Estado de Derecho las deudas se pagan aunque sea extemporáneamente.

En síntesis, hay que terminar con estos episodios protagonizados por todos aquellos que tienen el poder económico y para ello lo más efectivo  es que la gente esté informada.