Catastro de aguas en Chile, datos históricos en la gestión de permisos

Rodrigo Sanhueza Bravo

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Como organismo rector de las aguas en Chile, una de las funciones de la Dirección General de Aguas es resolver permisos relativos al otorgamiento y ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas. La reforma al Código de Aguas de abril de 2022 nos trajo desafíos, entre ellos establecer la priorización del consumo humano y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y productiva que cumplen las aguas; impulsándonos también a hacer cambios significativos en nuestros procedimientos administrativos, técnicos y legales para su implementación, tal como la dictación de 5 nuevos reglamentos.

Con este cambio de rumbo, priorizando el abastecimiento de la población, entre abril de 2022 y diciembre de 2025, la DGA aprobó 366 solicitudes de Servicios Sanitarios Rurales, con el objeto de asegurar el consumo humano al agua de 1.391.872 personas. Y desde la función productiva que cumplen las aguas, la DGA aprobó y autorizó 64 proyectos de construcciones de grandes obras hidráulicas que gatillan una inversión de 33.224 millones de dólares según datos incorporados en las Resoluciones de Calificaciones Ambientales del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Desde el año 1981 hasta el 2022, el Código de Aguas mantuvo la vigencia de regularizar los derechos de aprovechamiento de aguas bajo un procedimiento técnico y judicial, y luego de 40 años plantea la obligación de regularizar los usos de aguas que no estén inscritos, a las personas que no lo hicieron, fijando un plazo para cumplir con ello, esto es, abril de 2027. Una vez regularizado el uso, éste debe ser inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y luego ser registrado en el Catastro Público de Aguas de la DGA. Mientras que para de todas las concesiones de derechos de aprovechamiento de aguas otorgadas después de abril 2022, se estableció que la DGA se encargara de su inscripción y registro

Para facilitar que las personas cumplan con este deber, la DGA inició en marzo de 2024 la campaña "Sigue la corriente del agua y utilízala en regla" en coordinación con Indap y Conadi, enfocada en radios rurales y televisión abierta, y en operativos en terreno para apoyar a los usuarios en la realización de los trámites. Entre 2024 y 2025 se realizaron 306 operativos, atendiendo a más de 4.800 personas en terreno.

La modificación del Código de Aguas se tradujo en un ingreso histórico de 50.270 solicitudes de registro de inscripción de derechos de aprovechamientos en el Catastro Público de Aguas (CPA) de la DGA el 2023, alcanzando casi 10 veces las 6.434 solicitudes recibidas el 2021. Y gracias a la tecnología aplicada en el proceso de firma, el 2025 se emitieron 35.883 certificados de inscripción en el CPA, cifra que es 421% superior respecto de los 6.886 certificados emitidos el 2021.

Así, si comparamos el período 2022-2025 con 115.045 solicitudes ingresadas al CPA y las 22.721 del 2018-2021, y los 83.499 certificados expedidos en 2022-2025 versus los 22.915 certificados emitidos en el transcurso del 2018-2021, podemos decir que los titulares de derechos se activaron por efecto del plazo para inscribir en el Conservador sus derechos y registrar en el CPA. En este período 2022-2025 la DGA ha estado a la altura del desafío, dando un salto cuantitativo y cualitativo para atender la demanda de certificaciones del Catastro Público de Aguas.

En materia de gestión de permisos, en el tramo 2022-2025 ingresaron casi 7% más de solicitudes asociadas a regularización de derechos de aprovechamiento de aguas, modificación de cauce, cambio de punto de captación de derechos de aguas subterráneas, traslado de derechos de aguas superficiales, nuevos derechos, entre otros. Destaca el año 2025, con una cifra récord en gestión de permisos, con 9.291 resoluciones emitidas, seguida por el año 2024 con 8.688 expedientes resueltos, incorporando en todo el período las reglas de admisibilidad paras las nuevas solicitudes presentadas y mirando la protección de las fuentes superficiales y subterráneas.

Tenemos cifras interesantes para el análisis, las solicitudes de regularización tuvieron un crecimiento exponencial a partir de la entrada en vigencia de la modificación al Código de Aguas de 2022, ese año recibimos 971 solicitudes de este tipo y resolvimos 307, tras lo cual ajustamos nuestros procedimientos para agilizar las respuestas. Así, tenemos que el 2025 fue el máximo de ingresos con 2.480 solicitudes y pudimos resolver 1.606, duplicando las 710 resueltas el 2021 y cuyo ingreso ese año fue de 651. Eso demuestra que los ajustes realizados, funcionaron, y que los equipos regionales se alinearon con los usuarios para atender sus demandas

Ahora bien, sabemos que estamos al debe con dar respuesta a los cambios de puntos de captación de aguas subterráneas y traslado de derechos de aguas superficiales, pero igualmente hemos aumentado nuestra capacidad de respuesta frente al ritmo de ingresos anuales y aquellas solicitudes pendientes. En 2022 tuvimos el peak de ingresos, con 1.338, y fuimos de menos a más, resolviendo 421 cambios de punto de captación en 2022 a 1.052 en 2025. Y mirando los traslados, el 2023 ingresaron 564 solicitudes de este tipo, resolviendo ese mismo año 408.

El trabajo se hace, con el resguardo a las fuentes, incorporando el factor cambio climático y actualización de las ofertas, aplicando la mejora continua para dar un mejor servicio a usuarias y usuarios, y al mismo tiempo implementando la reforma al Código de Aguas de 2022, con desafíos para nuestra institución como también para los usuarios.

En el camino hacia adelante, seguirán efectuándose mejoras para responder con rigurosidad y oportunidad, teniendo en mente la seguridad hídrica con foco en el consumo humano, pero también con un ojo puesto en la preservación ecosistémica, vital para seguir teniendo los recursos esenciales para vivir, e igualmente en la actividad productiva sostenible. Es importante recordar que durante este Gobierno sacamos las reservas de caudales de los ríos Futaleufú y río Puelo para preservación ecosistémica en la Región de Los Lagos y la reserva de aguas subterráneas en el sector hidrogeológico de aprovechamiento común Cauquenes para consumo humano en la Región del Maule, y también emitimos el primer derecho in situ o no extractivo para fines de conservación ambiental en el país, otorgado a la Comunidad Atacameña de Toconao en la Región de Antofagasta.

En el eje de la resiliencia y del área productiva, es importante que los proyectos de obras que ingresan para nuestra revisión, aprobación y recepción cumplan con la normativa vigente y estén acordes a la disponibilidad del recurso hídrico y la capacidad de fortalecer la resiliencia frente a eventos extremos del cambio climático.

Sabemos, además, que también se requiere avanzar en tecnología, para lo cual comenzamos a implementar la estrategia de transformación digital 2023-2027. Hemos ido cumpliendo etapas para facilitar tanto el ingreso de solicitudes de la ciudadanía como también agilizar las respuestas a esas demandas. Con una hoja de ruta trazada, la transformación digital para la seguridad hídrica, va por buen camino.