El 8 de octubre, un torrente de agua y barro bajó por las calles de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. Nueve meses antes, un incendio forestal había quemado parte de la ladera cordillerana que drena hacia ese sector. Las dos cosas están relacionadas, y esa relación es una de las menos comprendidas en nuestra gestión del riesgo.
Un cerro con vegetación funciona a la vez como esponja y como red. Las copas interceptan parte de la lluvia antes de que toque el suelo, la hojarasca amortigua el golpe de las gotas y las raíces sujetan la tierra. El fuego elimina esas tres capas de una sola vez. Y hace algo más: el calor altera la superficie del suelo y la vuelve temporalmente repelente al agua, de modo que la lluvia que antes se infiltraba ahora escurre por encima, toma velocidad ladera abajo y arrastra ceniza, tierra y piedras. Después de un incendio, el principal peligro deja de ser el fuego y pasa a ser el agua.
Esto no es una hipótesis. El 31 de enero de este año, remociones en masa en las quebradas La Honda, Grande, Los Almendros y Apoquindo dañaron 22 viviendas en esa misma comuna. El reporte técnico que Sernageomin publicó el 11 de febrero calificó la zona como altamente propensa a este tipo de fenómenos y mencionó, entre sus causas, el suelo expuesto por el incendio de fines de diciembre. En junio de este año, el propio municipio advirtió ante su comité comunal de gestión del riesgo que la pérdida de vegetación en la zona cordillerana aumentaba el riesgo aluvional.
Ese mismo documento municipal consigna el dato que casi nadie conoce: la ventana de mayor riesgo se extiende entre uno y tres años después del incendio. No son semanas. Una ladera que ardió en diciembre sigue siendo peligrosa el invierno siguiente, y el subsiguiente, hasta que la vegetación recupera cobertura suficiente para volver a sujetar el suelo.
Eso obliga a cambiar la forma en que medimos el daño de un incendio. Solemos contarlo en hectáreas quemadas, como si la cuenta cerrara el día en que se apaga la última brasa. Pero el daño real incluye lo que ocurre aguas abajo y meses más tarde: una hectárea quemada en el cerro puede terminar convertida en barro en la calle. Por eso no basta con mirar dónde se quemó, sino también hacia dónde drena lo que quedó sin protección.
Hay respuestas, y están probadas. La restauración posterior al incendio y las obras de control de erosión en laderas quemadas reducen el arrastre de material. El manejo de las quebradas y el ordenamiento de las cuencas evitan que el cono donde llega el barro sea una calle con casas. Y antes de todo eso está la medida más barata de todas: que el incendio no ocurra.
Lo digo con el periodo de mayor riesgo de incendios forestales encima. Si este verano arde una ladera sobre una ciudad -y en Chile las ciudades están cada vez más pegadas al cerro-, el riesgo no terminará en marzo: acompañará a esos vecinos durante los inviernos siguientes. Prevenir incendios es, también, prevenir aluviones.
El incendio de diciembre y el aluvión de octubre no fueron dos emergencias distintas. Fueron dos momentos del mismo problema, separados por nueve meses y por una ladera que perdió lo que la sujetaba. Mirarlos juntos es la única manera de dejar de sorprendernos.