La conmemoración del Día Nacional de las Áreas Protegidas nos invita a destacar el valor de aquellos territorios que resguardan una parte importante del patrimonio natural del país. Una oportunidad para destacar los avances alcanzados en conservación, pero también para preguntarnos cómo asegurar que estas áreas cuenten con los recursos necesarios para cumplir su propósito, hoy y en las próximas décadas.
La pregunta es especialmente relevante para Chile, que asumió el compromiso internacional de conservar al menos el 30% de sus áreas terrestres y marinas al año 2030, objetivo conocido como meta 30x30. Alcanzarla, supone ampliar la superficie bajo protección y también garantizar una gestión efectiva, capaz de enfrentar amenazas, restaurar ecosistemas y mantener los beneficios que la naturaleza proporciona a las personas.
Sin embargo, existe una brecha entre las necesidades y los recursos disponibles para concretarlas. En Chile, la inversión en biodiversidad representa el 0,09% del PIB, según cifras expuestas por el Ministerio del Medio Ambiente durante el "Seminario Internacional público-privado para la conservación de la naturaleza", realizado en mayo de este año. En el mismo encuentro, se presentó un diagnóstico que identificó brechas operacionales de $45.000 millones y necesidades de inversión por $73.500 millones.
Chile cuenta con una oportunidad concreta para avanzar. La ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), incorpora instrumentos económicos destinados a incentivar y financiar la conservación. Entre ellos, destacan el Fondo Nacional de la Biodiversidad, que permite canalizar recursos hacia iniciativas de restauración, investigación y conservación; los contratos de retribución por servicios ecosistémicos, que generan incentivos económicos para quienes contribuyen a mantener o recuperar los beneficios que proporciona la naturaleza; y el Sistema de Certificación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que busca reconocer resultados ambientales verificables y facilitar la inversión privada en conservación. Estas herramientas permiten diversificar las fuentes de financiamiento y promover la participación de nuevos actores en la protección de la biodiversidad.
Con esto, se crea la oportunidad de identificar las brechas financieras de su sistema de áreas protegidas, definir prioridades de inversión y desarrollar mecanismos que aseguren continuidad y resultados medibles. No se trata únicamente de conseguir más recursos, sino de contar con una estrategia para utilizarlos eficazmente y dirigirlos hacia las necesidades de conservación más urgentes.
Chile ha dado pasos importantes en materia de institucionalidad ambiental, ahora corresponde avanzar en las herramientas y acuerdos que permitan sostener ese esfuerzo en el tiempo. Declarar un territorio protegido es un primer paso, que se sigue con asegurar su conservación como una responsabilidad permanente.