18 de octubre de 2019: ni estallido delictual ni ilusión revolucionaria
Hay fechas que marcan y que no terminan de interpretarse. El 18 de octubre de 2019 es una de ellas. Se cumplen siete años y todavía no sabemos bien cómo descifrar ese momento de la historia política reciente. Unos lo reivindican como el despertar de una refundación total. Otros lo reducen a un estallido delictual. Ambas lecturas son insuficientes para comprenderlo.
Empecemos por lo que no admite matices. La violencia de esos días no tiene justificación. Ninguna. Se incendiaron estaciones de Metro. Ardieron almacenes de barrio, pequeñas empresas e iglesias. Gran parte de esa destrucción no tuvo bandera ni proyecto. Fue saqueo, oportunismo y crimen organizado aprovechando el desorden. Siete años después, la mayoría de sus responsables, materiales e intelectuales, sigue sin rostro. Esa impunidad también afecta a la democracia.
Pero detenerse ahí sería cómodo. Y es completamente insuficiente.
Porque la violencia de unos pocos no puede ensombrecer la movilización de muchos. El 25 de octubre más de un millón de personas marchó en Santiago, según cifras de la propia autoridad regional. Fue la manifestación más grande de nuestra historia reciente. No llevaban piedras. Llevaban carteles. Y en esos carteles había un diagnóstico y también dolores.
Para comprender el proceso en su conjunto, vale la pena hacer memoria. En 2019, a partir de datos de la Superintendencia de Pensiones, la mitad de quienes se jubilaban obtenía una pensión autofinanciada inferior a 48 mil pesos. Ese mismo año, según el INE, la mitad de los trabajadores ganaba menos de 401 mil pesos al mes. A su vez, las familias debían cerca del 75% de su ingreso disponible, según el Banco Central. Y había una desigualdad persistente: el PNUD había advertido que el 1% más rico capturaba alrededor de un tercio del ingreso total del país.
En lo político, la encuesta CEP de diciembre de 2019 mostró un desplome de las instituciones de nuestra democracia. El Presidente de la República obtenía 6% de aprobación. Los partidos políticos, apenas 2% de confianza. No era una crisis de un gobierno. Era una crisis de legitimidad de todo el sistema.
Por ello, el alza de 30 pesos fue el detonante de una bomba que explotó. Sin duda, fue la expresión de un malestar que llevaba tiempo acumulándose.
Y aquí está lo que muchos olvidan: Chile no se quebró con el estallido. Chile se canalizó mediante sus instituciones. El acuerdo del 15 de noviembre abrió un cauce institucional. En el plebiscito de octubre de 2020, 78% votó por cambiar la Constitución. Luego vinieron dos propuestas y dos rechazos: en 2022 y en 2023. Se puede discutir el resultado. Pero el método fue democrático. Los votos reemplazaron a las barricadas. Eso no es poca cosa en un continente que conoce bien la alternativa de la violencia.
El problema es que el cauce se cerró sin respuestas. Con sinceridad debemos reconocer que las preguntas de 2019 siguen ahí. Hubo avances, como la reforma previsional, y en buena hora. Pero la salud sigue en deuda. La vivienda sigue siendo un sueño postergado para miles de familias. Y la educación sigue reproduciendo desigualdades de origen.
No volvimos a discutir en serio una estrategia de desarrollo. Una que articule crecimiento económico con justicia social. Una que ponga a las personas y a sus familias al centro.
Por ello, reducir el 18 de octubre de 2019 a la delincuencia o una gesta revolucionaria es una lectura interesada y estrecha. Borra a millones de ciudadanos pacíficos que levantaron su voz. La memoria no puede ser selectiva, como tampoco la condena a la violencia.
Hoy gobierna una derecha más ortodoxa que la de 2019. Y el malestar no ha desaparecido. Ha cambiado de forma. Ya no grita en las plazas. Se aloja en la angustia cotidiana de llegar a fin de mes, en la inseguridad y en la desesperanza silenciosa. Es un malestar más quieto. Por eso mismo, es más peligroso.
¿Qué hacer? Lo primero es una reflexión honesta acerca de las deudas pendientes como sociedad. No hay desarrollo verdadero si deja a las personas atrás. El crecimiento económico sin justicia es frágil. Y la justicia sin crecimiento es una ilusión. Chile necesitaba ambas cosas. Sigue necesitándolas.
La solución nos obliga a volver a confrontar ideas y la manera de cómo entendemos la vida social y la forma de lograr el desarrollo. Mi aproximación es desde una cosmovisión que cree en la dignidad de la persona en todo momento y circunstancia. Que cree en el bien común como la forma de garantizar una convivencia pacífica. Que promueve una economía social de mercado, que permite generar riqueza y la distribuye con justicia. Y cree que los grandes cambios se construyen con acuerdos democráticos, no con imposiciones ni con fuego que lo arrasa todo.
Siete años después de aquel impactante 18 de octubre, la tarea está pendiente. El malestar dejó de gritar, pero sigue ahí.
Urge volver a transformar la molestia en esperanza. Y aquello se hace asumiendo las deudas sociales que el país conoce de memoria. El desafío es concreto: un Chile próspero que no excluya a nadie.
Porque el verdadero desarrollo es aquel que no se concentra, sino que se distribuye con equidad. Que genera libertad, sin importar el origen. Que promueve el pluralismo sin vetos o cancelaciones. Es el tipo de desarrollo que se comparte en comunidad.