Acuerdos de ayer y de hoy

El acuerdo tributario sorprendió a muchos.

¿No habían los partidos de derecha realizado una fuerte campaña en su contra ganando incluso a una parte significativa de la opinión pública? Por su parte, ¿no había la Nueva Mayoría anunciado a los cuatro vientos el fin de la "política de los acuerdos"?

Sin embargo, hay ciertos datos que explican el giro de los principales actores políticos.

El proyecto tal como fue aprobado en la Cámara de Diputados encontraba dificultades para ser votado por los propios senadores de gobierno, que insistieron en que había que articular varios objetivos que no estaban plenamente garantizados en la iniciativa: a) una mayor recaudación para financiar las reformas sociales; b) mayor justicia tributaria y c) un eficaz incentivo al ahorro y la inversión, clave para el crecimiento.

Más que el debate sobre "el corazón de la reforma", fue importante la distinción entre objetivos y mecanismos, para permitir un debate parlamentario más profundo e informado del tema.

No habría habido ningún revuelo mayor si al momento de la votación en general del proyecto, hubieran apoyado la iniciativa las fuerzas de gobierno y hubieran votado en contra las de oposición. Los votos de RN y UDI no eran, en este caso, indispensables para que el proyecto avanzara. La sorpresa se produjo por la probación unánime.

Primero, hay que señalar que no se pueden lamentar los partidos de Gobierno de que una iniciativa propia termine concitando un apoyo tan amplio, si se han mantenido los objetivos básicos y se han diseñado mejor los mecanismos para lograrlos.

Quiere ello decir que la idea de una reforma tributaria profunda había terminado por ser aceptada por la sociedad como una necesidad para alcanzar mayor justicia social y mejorar la educación. Y eso no es poco. Pese a las críticas al proyecto, la idea de fondo ganó espacio. En términos de Gramsci, diríamos que se volvió hegemónica. Pasó a formar parte de un "sentido común". Se avanzó en lo que ese autor llamaba metafóricamente "guerra de posiciones".

Me recuerda lo ocurrido con la nacionalización del cobre en la época de Allende, que terminó siendo aprobada en forma unánime por el Congreso. Nadie se lamentó por ello.Nadie puso en duda el sentido de ese cambio.

Algo parecido sucedió con las principales reformas durante los gobiernos de la Concertación con la reforma procesal penal, el AUGE, la pensión básica solidaria, la institucionalidad medio ambiental, la ley general de educación y los sucesivos cambios constitucionales que han ido democratizando y modernizando nuestro sistema político.

Las sociedades evolucionan, cambia la cultura, y ello se refleja en la política. El Parlamento - más allá de su variada composición política - no permanece insensible a estas transformaciones.

No es coherente denostar la política de los acuerdos en el pasado y, al mismo tiempo, propiciarla en el presente.

Hay que reconocer que entre ambos períodos hay muchas diferencias, pero no tantas como para establecer un muro infranqueable entre la época de la Concertación y la de la Nueva Mayoría. Una de ellas es que hasta el actual mandato presidencial, nunca los gobiernos contaron con mayoría parlamentaria en ambas cámaras, salvo en un período muy breve en el 2006, que terminó con la partida de parlamentarios de varios partidos de la coalición gobernante.

El actual Gobierno cuanta con mayoría tanto en la Cámara como en el Senado. Pero hay que tener en cuenta dos circunstancias: primero, se trata de una mayoría heterogénea que para funcionar exige un gran esfuerzo de trabajo pre legislativo, y, en segundo lugar, los quórum supra mayoritarios exigen el apoyo de alguna fuerza o grupo opositor para llevar a cabo ciertas reformas, como la del sistema binominal y ciertos puntos claves de la educacional ( fin del lucro, por ejemplo).

En un acuerdo de gobierno como el actual, al que concurren fuerzas políticas muy diversas, no se puede dar por sentada, como un dato obvio, el funcionamiento de la mayoría parlamentaria correspondiente. Su unidad de criterio será siempre el fruto de un trabajo político persistente. Ningún partido debe sentirse menoscabado, pasado a llevar o no tomado en consideración. No cabe el predominio de ninguno de ellos. Todos deben respetarse a partir de su identidad.

Es natural que en los debates parlamentarios puedan surgir discrepancias de criterio, sobre todo cuando hay que negociar con algún sector opositor para aprobar una iniciativa.Algunos prefieren "morir con las botas puestas" dando un testimonio de coherencia; otros apelarán a la responsabilidad de gobernar aduciendo que a un Gobierno se lo juzga por sus resultados más que por sus buenos propósitos. Ahí surge, en toda su envergadura, el arte de la conducción política.

El trabajo parlamentario consiste en discutir los proyectos de ley. El Gobierno tiene una mayor iniciativa, pero el Parlamento conserva el poder decisorio de aprobar, modificar o rechazar lo que se le propone. El Congreso en Chile tiene una cuota importante de poder, incluso la minoría opositora luego de las reformas constitucionales del 2005 a las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. Nadie puede pasar ninguna aplanadora.

El debate a fondo no puede ser obviado. Los proyectos mejoran luego de ese ejercicio de argumentación y de auscultación y examen. Ese proceso, si es bien llevado, puede dar origen a amplios acuerdos. Así lo afirmaban H. Kelsen al reflexionar sobre la formación de la ley y para resolver las diferencias, existe el principio de mayoría.

Más que debatir en abstracto sobre "la política de los acuerdos" y los nuevos acuerdos que ahora se dice que se buscan para avanzar, como si en el pasado no hubiera sido así, lo importante es que las fuerzas políticas de gobierno y oposición animen un trabajo parlamentario serio, que puede tener momentos de convergencia y de disenso, y que debe concluir en normas legales adecuadas para enfrentar los desafíos del país.

Ello, por lo demás, no debe llevar a confundir las funciones del gobierno y la oposición en el Parlamento. La dialéctica entre ambos siempre será de competencia de cara a la opinión pública teniendo en cuenta los desafíos electorales, lo que no excluye la colaboración puntual en torno a ciertas iniciativas en interés del país.