Brasil: Meta, el algoritmo y la segunda vuelta
Lo que está pasando en Brasil no es una pelea de campaña por likes. Es la primera vez que una elección presidencial de ese tamaño se disputa, en parte, dentro de las reglas de una empresa extranjera. Y la pregunta de fondo es quién controla el volumen de la conversación pública a una semana del balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.
Vamos a los hechos. El 9 de octubre, la cuenta oficial de Lula estuvo casi 24 horas sin poder impulsar publicaciones del feed en Instagram, la herramienta más usada para que el algoritmo distribuya contenido. Meta explicó que se trataba de una falla global en su sistema de anuncios. Pero sus propios mensajes internos, revelados por la Folha de São Paulo, cuentan otra historia. Esa falla duró cinco horas y ocurrió dos días antes. En esas conversaciones, un funcionario reconoce que la cuenta del presidente estaba "limitada" en comparación con la de su rival, y anticipa que el caso probablemente terminaría en tribunales. Los mismos registros muestran que el perfil de Flávio aparecía recomendado en Instagram y en las búsquedas de WhatsApp, algo que la justicia electoral brasileña prohíbe expresamente. A eso se suma que Meta AI, la inteligencia artificial integrada en WhatsApp, se negaba a crear imágenes con "Vote Lula" mientras aceptaba pedidos equivalentes para su contendor.
Meta niega cualquier intención. Sostiene que la campaña de Flávio también sufrió problemas, que el error de su inteligencia artificial afectaba a ambos candidatos y asegura haberlo corregido el 14 de octubre. El Tribunal Superior Electoral de Brasil reconoció no tener pruebas de que la empresa actuara deliberadamente. Pero hay que tener ojo: cuando las fallas tienden a caer hacia el mismo lado y la explicación oficial no calza con los registros internos de la propia empresa, el problema deja de ser técnico. Por eso el tribunal, por unanimidad, le ordenó a Meta garantizar trato igualitario a ambas candidaturas, con multas de 500 mil reales diarios si no cumple.
Hay además una pequeña coincidencia que vale la pena traer a colación: los intereses de los dueños de las big tech. En enero de 2025, Mark Zuckerberg anunció que trabajaría junto a Donald Trump para presionar a los gobiernos que regulan las plataformas. Meses después, Estados Unidos impuso aranceles de 50% a Brasil y abrió una investigación comercial que incluye, entre sus objetos, las reglas brasileñas sobre responsabilidad de las plataformas. El gremio que reúne a Meta, Google y Amazon celebró la medida. Hoy, de los dos programas de gobierno en competencia, solo el de Lula propone regular las plataformas; el de Flávio Bolsonaro no lo menciona. La empresa que reparte el alcance tiene, por lo tanto, un interés económico directo en el resultado de este domingo. En cualquier otro ámbito de la vida pública, eso tiene un nombre: conflicto de interés.
Y mientras se discutía qué candidato podía o no pagar por difusión, Meta cobraba por otros anuncios. Un estudio del NetLab de la Universidad Federal de Río de Janeiro identificó al menos 1.613 anuncios políticos irregulares sobre la elección brasileña, pagados desde el extranjero entre julio y septiembre de 2026. De los que declaran origen, el 98% proviene de Estados Unidos. No es una falla de código. Es un modelo de negocios que no distingue entre vender publicidad y vender influencia.
Nada de esto es exclusivo de Brasil. En América Latina, la disputa por la opinión pública ya no se juega solo en la franja, en la radio o en el puerta a puerta. Se juega en sistemas de recomendación que nadie fuera de la empresa puede auditar. En Chile, nuestra legislación electoral nos exige rendir cuenta de cada peso gastado en propaganda tradicional, pero no tenemos ninguna herramienta para saber por qué un contenido llega a un millón de personas y otro no llega a nadie. Sabemos cuánto cuesta un letrero en la calle. No sabemos quién decide qué vemos en nuestra pantalla del celular.
Si el algoritmo es la nueva franja electoral, debería tener las reglas de la franja: igualdad de trato entre candidaturas, transparencia sobre quién paga y quién amplifica, y una autoridad con capacidad real de fiscalizar. Brasil, con todas sus tensiones, al menos tuvo un tribunal que pudo pedir explicaciones y ordenar correcciones a tiempo. La pregunta que nos deja su segunda vuelta es incómoda y urgente: cuando nos toque a nosotros, ¿quién fiscalizará al que reparte la atención?