El malestar no tiene dueño
El respaldo al Presidente Kast se ha deteriorado. Las encuestas muestran una desaprobación muy superior a su aprobación, en un contexto de pesimismo e inquietud económica. Sería apresurado leer esas cifras como el comienzo de una recuperación de la oposición, pues el malestar con un gobierno puede crecer sin que sus adversarios recuperen la confianza ciudadana, y la secuencia electoral reciente así lo sugiere.
Tras el triunfo de Kast, una interpretación sostuvo que el ciclo iniciado en 2019 habría dado origen a un clivaje incipiente entre restauración y refundación. La hipótesis se apoya, entre otros elementos, en la continuidad territorial del voto entre 2022 y 2025. Pero que el voto agregado se repita en los mismos territorios no demuestra que los ciudadanos voten por las mismas razones. Un clivaje exige identidades arraigadas y organizaciones capaces de reproducir una división social a lo largo del tiempo, y la secuencia no lo confirma.
En 2023, quienes habían compartido el Rechazo se dividieron frente a otro texto. Las elecciones subnacionales de 2024 no reprodujeron dos campos plebiscitarios. Cuando la oferta presidencial volvió a abrirse en 2025, Parisi reunió casi una quinta parte de los votos y Kaiser obtuvo también un respaldo considerable, mientras predominaban como preocupaciones la seguridad y la economía. Una elección binaria puede reunir votantes que luego se dispersan cuando aparecen otras opciones.
La victoria presidencial tampoco equivale a una adhesión irrestricta al programa de Kast. Su mayoría de segunda vuelta reunió electorados diversos. Muchos buscaban mayor seguridad, otros privilegiaban la economía o querían terminar con el gobierno anterior. Sin duda, el triunfo le confirió plena legitimidad para ejercer la Presidencia. Otra cosa es suponer que todos compartían sus propuestas. Esa ilusión de mandato suele pasar una cuenta alta.
El encuadre de un "gobierno de emergencia" tiene, además, límites que van más allá de su utilidad electoral. Permitió expresar un ánimo de urgencia, pero una vez en La Moneda los problemas requieren soluciones articuladas y prioridades explícitas. Sin una base programática suficientemente elaborada, el Gobierno queda expuesto a dificultades de implementación. Insistir en la emergencia ayuda poco a corregir el rumbo y tampoco permite eludir la necesidad de construir acuerdos para que las políticas puedan perdurar.
Durante el debate de la megarreforma económica apareció otra forma de entender el poder. Arturo Squella defendió la posibilidad de aprobarla incluso por un solo voto. Una mayoría mínima puede bastar legalmente. Lo discutible es convertir esa suficiencia aritmética en criterio de conducción cuando se pretende modificar el rumbo económico del país.
La distinción de Arend Lijphart entre democracias mayoritarias y de consenso ayuda a comprender el problema. Chile combina multipartidismo, representación proporcional y controles constitucionales que distribuyen el poder, junto con un régimen presidencial que separa al Ejecutivo del Legislativo. Aunque concentra la conducción del Gobierno en una sola autoridad, esa separación limita su capacidad para actuar sin acuerdos. La negociación resulta especialmente necesaria cuando se pretende impulsar reformas de gran alcance. Las prácticas adversariales permanentes, especialmente si provienen del Gobierno, dificultan la continuidad de las políticas públicas y perjudican el desempeño democrático.
La búsqueda de acuerdos amplios se vuelve más difícil cuando previamente se ha minimizado su importancia. Cooperar supone reconocer al adversario como interlocutor legítimo y aceptar modificaciones a las propuestas propias. Una votación estrecha autoriza decisiones, pero ofrece menos garantías de continuidad. Equiparar aprobación legislativa con capacidad de gobierno puede complicar cada paso posterior.
La oposición enfrenta dificultades diferentes. Así como una victoria presidencial no asegura respaldo duradero para gobernar, el desgaste del Gobierno tampoco reconstruye las lealtades partidarias debilitadas durante años. Menos aún resuelve las diferencias entre quienes deben decidir cómo relacionarse con el Ejecutivo y qué alternativa ofrecer al país.
Reunir a Michelle Bachelet, Gabriel Boric y las dirigencias partidarias puede facilitar una coordinación necesaria. La autoridad de los expresidentes, sin embargo, no sustituye la elaboración de un proyecto capaz de persuadir más allá de los convencidos. El encuentro puede contribuir a ordenar las relaciones entre los partidos, pero deja pendiente una respuesta programática a las preocupaciones que definieron la última elección.
Esa respuesta exige elegir. La oposición debe hacerse cargo de problemas estructurales que no desaparecerán con el desgaste del Gobierno. Entre ellos destacan la baja productividad que limita el crecimiento y el empleo de calidad, el estancamiento de los aprendizajes y las dificultades de acceso y atención oportuna en salud. La seguridad también requiere propuestas eficaces y respetuosas del Estado de derecho.
Enumerar problemas resulta insuficiente para ofrecer una alternativa. Es necesario jerarquizar prioridades y traducirlas en propuestas consistentes, capaces de concitar apoyos duraderos. Una fotografía de unidad no alcanza.
Chile posee elecciones competitivas y alternancia. Se ha debilitado, en cambio, la capacidad de los partidos para transformar demandas ciudadanas en compromisos duraderos. El Gobierno enfrenta el costo de haber leído su victoria como un respaldo programático amplio y perdurable. La oposición cometería un error parecido si tomara el desgaste de Kast por el regreso de una mayoría propia.
El malestar no tiene dueño. Puede castigar a quien gobierna y seguir disponible para nuevas ofertas políticas. Convertirlo en confianza duradera exige programas consistentes y disposición real a construir acuerdos. Ni el predominio pasajero ni la crítica al adversario sustituyen esa tarea.