En busca de soluciones para la crisis de confianza

El proyecto de probidad en la función pública, cuyo texto fue aprobado en particular esta semana por el Senado, constituye -junto a las recomendaciones de la comisión Engel y a la agenda de probidad y transparencia impulsada por la Presidenta de la República- un punto de inflexión para enfrentar la crisis de confianza que afecta al sistema político chileno.

Se trata de una iniciativa que busca fortalecer los mecanismos de control social y transparencia para asegurar la probidad pública en el ejercicio de la función pública, la prevención de conflictos de intereses y la separación tajante entre negocios y política.

El deterioro de la confianza hacia la actividad política y la función pública viene arrastrándose desde hace tiempo.

Las instituciones y el sistema político tardaron mucho tiempo en reaccionar frente a signos que hace años se venían presentado y que fueron horadando la legitimidad del sistema, dañando su imagen y levantando barreras difíciles de franquear entre la política y la ciudadanía.

El retroceso de lo público en función de lo privado –propiciado desde la década de los 70- generó en Chile un tipo de acción política que construyó una relación indebida con el sector empresarial, lo que decantó en una crisis general de cuyos efectos hemos sido testigos directos en los últimos meses. Y si bien los casos de corrupción conocidos han sido aislados, la gente ha perdido confianza en el sistema y reclama una nueva forma de relacionarse con el poder político y económico.

La mejor manera de enfrentar los males de la política es con más y mejor política.Ese es el verdadero desafío que enfrentamos. En ese sentido, a los esfuerzos en materia de transparencia y probidad conocidos en las últimas semanas, se suman otras leyes –ya aprobadas o en proceso de discusión- que apuntan a fortalecer nuestro sistema democrático, como el término del sistema electoral binominal y su reemplazo por uno de carácter proporcional o la iniciativa que establecerá límites a la reelección de autoridades.

Así, los partidos políticos e independientes representados en el Congreso Nacional están haciendo su trabajo, mejorar la política desde la política.

Pero al final del día, éste no es un problema que afecte sólo a los políticos. Es un problema de la sociedad chilena en su conjunto. Por lo tanto, los cambios legales por sí solos no bastan para resolver el nudo crítico en el que nos encontramos. Es necesario un cambio de conducta general, con una ciudadanía más formada e informada y con actores políticos capaces de fijar con claridad y energía sus posiciones personales y colectivas.

Quienes nos dedicamos a la actividad política desde cargos de elección popular, estamos conminados a representar los intereses de la comunidad, no a formar una elite cerrada que espera a que pase el temporal para seguir haciendo lo mismo de siempre.

Nuestro imperativo, entonces, apunta a tener la humildad para reconocer lo que somos, el coraje para defendernos de las acusaciones injustas y la voluntad para cambiar aquellas prácticas que nos alejan de las personas.