Gobierno autoritario, no de emergencia
El Presidente Kast confunde fortaleza con ausencia de límites. En siete meses, desde su gobierno ha tratado al Congreso como un obstáculo y a los tribunales como un escudo. Una escena se repite con insistencia casi ritual en el Gobierno. El Congreso se resiste, el Presidente levanta la voz y La Moneda interpreta la discrepancia como una afrenta.
Ocurrió la semana pasada, cuando José Antonio Kast advirtió a los parlamentarios que "los que voten en contra, que se hagan cargo" de las reformas de seguridad, y al día siguiente se quejó de que "nos amarran las manos" mientras pedía un voto de confianza. Si esto fuera una obra de teatro, el crítico anotaría que el guion asigna a los demás poderes del Estado el papel de antagonistas. Pero no es una obra, es una democracia y el patrón que se repite no es anecdótico, es sintomático.
Lo que constatamos en estos primeros siete meses no es un problema de "tono" ni de "comunicación", como algunos ministros y ministras prefieren enmarcarlo. Es un problema de concepción del poder. Existe una confusión de fondo entre ejercer con firmeza las atribuciones presidenciales y pretender gobernar sin contrapesos. Son cosas distintas, muy distintas.
La Constitución Política entrega al Presidente de la República amplias facultades, pero las inscribe en un sistema de pesos y contrapesos en el que el Congreso legisla y fiscaliza, y los tribunales juzgan. Cuando esa arquitectura se vive como un obstáculo y no como el marco de la acción de gobierno, la firmeza se transforma en otra cosa: autoritarismo que coquetea con un estilo dictatorial.
El estilo venía anunciado. Siendo candidato, Kast sostuvo que el Congreso "es importante, pero no tan relevante como algunos piensan" y que debía respetar las facultades del Presidente. Era una frase de campaña. Lo preocupante es que, ya en el poder, la frase se volvió método. Exigir celeridad legislativa en seguridad es legítimo. Presentar cada discrepancia parlamentaria como complicidad con el delito y convertir un voto en una falta moral es otra cosa. El Parlamento no existe para ratificar al Ejecutivo, sino para deliberar, corregir y, cuando corresponde, decir que no. En ciencia política esto se llama rendición de cuentas horizontal y es la columna vertebral de cualquier democracia que se tome en serio.
Con el Poder Judicial la relación es más ambigua y por eso más reveladora. El mismo Kast que como candidato hablaba de jueces con "una ideología muy marcada" al comentar la condena al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, hoy invoca a la Corte Suprema cuando le conviene. El caso de las 56 rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores lo ilustra. Entre el 11 de marzo y el 13 septiembre de 2026, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, las concedió por decretos administrativos que, según lo informado, no derivaron de ninguna acción judicial de los condenados. La explicación del ministro fue que se trataba de "cumplimiento de sentencia" y que el Gobierno "no comenta los fallos judiciales".
Aquí la segunda paradoja. Un gobierno que se define por el orden y la mano dura utiliza la doctrina de un tribunal como escudo para no responder políticamente por decisiones que llevan la firma del Presidente. El Poder Judicial deja de ser una institución con la que se convive y se convierte en un recurso retórico. Autoridad incuestionable cuando sirve para trasladar responsabilidades, adversario ideologizado cuando estorba. Y la crisis posterior, con cruce de acusaciones entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, interpelaciones en el Congreso y dirigentes oficialistas pidiendo corregir la ley, muestra que no fue solo un error jurídico, sino un déficit de criterio político sobre cómo se relacionan los poderes del Estado.
Cuando Kast era Presidente electo se reunió con la presidenta de la Corte Suprema para conversar proyectos de ley que afectan al Poder Judicial, y el Ministerio de Justicia prepara una agenda de reformas sobre gobernanza y nombramientos. Reformar la justicia no es, por sí mismo, atacarla. Pero hay una diferencia sustantiva entre impulsar cambios institucionales dialogando con los otros poderes y relacionarse con ellos solo cuando resultan funcionales.
¿Cuál es el costo? No es sólo la incomodidad de un debate más áspero. Es la erosión gradual de la institucionalidad. La literatura sobre retroceso democrático muestra que rara vez comienza con una ruptura abierta. Comienza con un lenguaje que reduce a los otros poderes a obstáculos, con una impaciencia que presenta el control como sabotaje, con una idea de autoridad que se mide por cuánto se obedece y no por cuánto se convence. Es la lógica de la legitimidad de origen usada como licencia: ganar una elección da mandato para gobernar, no para prescindir de quienes también tienen un mandato constitucional.
Kast parece creer que la autoridad presidencial se demuestra cuando nadie la limita. Es exactamente al revés. Un Presidente fuerte es el que construye mayorías cuando no las tiene, el que acata y explica los fallos que le incomodan, el que entiende que las atribuciones son reales, pero no un cheque en blanco. Chile tiene una tradición institucional que ha sobrevivido a gobiernos de todos los signos políticos, y cuidarla no es un favor a la oposición: es la única garantía de que, cuando el péndulo vuelva, lo que hoy se normaliza no se use contra quienes hoy lo aplauden.