Indolencia gubernamental y el quiebre del sentido común
La ciudadanía ha sido testigo de un hecho profundamente perturbador: la firma por parte del ministro de Justicia, Fernando Rabat, de rebajas de pena a 56 personas condenas por abusos a menores y violaciones a los derechos humanos. La reacción no se ha hecho esperar, generando un desconcierto nacional y transversal.
Sin embargo, lo que resulta aún más alarmante es la estrategia de defensa desplegada por el Ejecutivo. Acudir a la "teoría del empate" para sostener que administraciones anteriores habrían actuado de forma similar -llegando al extremo de que el vocero de Gobierno exhiba resoluciones pasadas- evidencia una desconexión preocupante con la ciudadanía. Pareciera asumirse que los chilenos y chilenas carecemos de memoria o de criterio intelectual para discernir la gravedad de los hechos. Estamos frente a una atrocidad institucional por donde se le mire.
Resulta inevitable recordar las proclamas de campaña cuando se condenaban categóricamente estas acciones y se aseguraba que nada afectaría a nuestras niñas, niños y adolescentes bajo la consigna "Con los niños NO". Lo ocurrido no es una paradoja ni un mero error administrativo: se trata de un actuar consciente. No es comparable la reasignación de presupuestos -como el fin a la entrega de computadores- con la decisión política de atenuar condenas a criminales de tal magnitud.
La narrativa oficial intentó instalar la idea de que el Gobierno simplemente acataba una instrucción del Poder Judicial. No obstante, esa postura fue desmentida de manera categórica e inmediata por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. Aunque el Ejecutivo insista en que no existían alternativas y que se actuó apegado a la ley, lo cierto es que sí existía otro camino: negar los beneficios a estos criminales para que fuera el máximo tribunal el que definiera la situación. Así lo hicieron en su momento los expresidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric, aplicando un criterio elemental de sentido común que hoy brilla por su ausencia.
Lamentablemente, el actuar del Gobierno no parece responder al azar, sino a un entramado ideológico de difícil comprensión que corre el riesgo de naturalizarse. La eliminación de programas emblemáticos como los computadores para estudiantes se suma a la oposición sistemática a políticas que buscan aliviar la vida de las familias chilena -como el salario mínimo o la reducción de la jornada laboral a 40 horas-, contradiciendo el discurso pro-familia que promueven.
Quienes ejercemos responsabilidades públicas entendemos que nuestro rol principal es velar por el bien común, la justicia territorial y el mejoramiento de la calidad de vida en nuestras comunidades. Jamás debemos abandonar a nuestra gente ni restar recursos que existen y pueden gestionarse con mayor eficiencia y sensibilidad.
Lo vivido en estos días nos deja una conclusión dolorosa pero ineludible: estamos en presencia de un gobierno indolente e insensible ante las necesidades y garantías más básicas de la población.