La ley del embudo

Creo no equivocarme si el reciente tramite de la ley de Pesca ha dejado un gusto amargo en los diferentes actores involucrados, fuera en su aprobación o rechazo. Luego de un esfuerzo agotador de sucesivas sesiones interminables, los que apoyaron tienen la ley aprobada, en mi opinión, con un saldo de legitimidad muy alto, y los que nos opusimos, sufrimos la ingrata experiencia que se nos impuso un texto por mayoría, por una decisión de obtener el resultado que se consiguió sin reparar en costos.

Lo que se produjo en este caso, fue un distanciamiento en el Senado de las fuerzas de centro e izquierda que no se corresponde con el elevadísimo beneficio que lograron los grupos económicos controladores del sector industrial pesquero. Las licencias a 20 años renovables significan un plazo indefinido que constituye un abuso inconstitucional del Estado que no tiene justificación alguna.

Esta situación fue posible gracias a una estrategia oficialista que dividió a la oposición política, impidiendo que con sus votos rechazara la inequidad establecida en la ley, sino que además escindió decisivamente la representación de la pesca artesanal anulando su capacidad de interlocutar de manera común y ensanchó la brecha entre trabajadores del sector industrial respecto de quienes, en el mundo artesanal, debiesen ser sus aliados y no sus adversarios.

Hoy, una vez más, el resentimiento de los perjudicados se vuelca contra el sistema político en su conjunto, sin matices ni distinciones, ya que lo visualizan simplemente como un escenario en el cual la voz de los poderosos es la que se escucha y se impone la ley del embudo. Por eso, insisto el costo de legitimidad es muy alto.

Mas delicado se torna el escenario, cuando al finalizar la última sesión, en la madrugada del jueves 29, obligado el Senado a un trámite abrumador, por la urgencia constitucional de "discusión inmediata" facultad del Ejecutivo, viene a ser el propio señor ministro de Economía, quien obligado por una consulta, anuncia que el gobierno deberá cambiar la redacción del artículo relativo a materias impositivas pues la fórmula del Ejecutivo puede llevar a que se disminuya la recaudación fiscal.

En otras palabras, se entregan beneficios incalculables, a partir de un patrimonio que pertenece a la nación y quienes lo reciben están en una posición inimaginable: la autoridad ha ideado una ecuación cuyo resultado es que pagaran menos impuestos.

Francamente increíble. En cualquier país el responsable de tal despropósito acudiría al Jefe de Estado y le dejaría en libertad de acción.

Además, la Plataforma social hacia los trabajadores del sector industrial que incluye la ley es de total y absoluto financiamiento fiscal, lo que sería lógico, siempre y cuando aumentara la recaudación por la mayor contribución de los grandes controladores favorecidos. Tampoco ello ocurre.

No puedo sino lamentar esta situación. Los artículos se fueron votando como ordena el Reglamento, salvo en un caso que se retomó una votación que inducía una doble interpretación.

Pero, más allá del enorme esfuerzo legislativo, la sensación posterior al termino de la sesión es de un sabor amargo, ya que lo que se prevé es un aumento de la concentración del sector, lo que genera sin lugar a dudas un agravamiento de la desigualdad que afecta al país.

Es decir, en la matriz de este Proyecto es donde radica el error garrafal que se comete con el futuro del país. Lo paradojal es que se viola la libertad económica por quienes dicen ser sus defensores a ultranza.

Quienes han creado esta criatura deforme, de la que estoy seguro nadie se hará cargo de aquí a poco tiempo mas, tienen todavía una última oportunidad para rectificar en la Cámara de Diputados.

Todavía se puede evitar seguir aumentando la desigualdad en Chile. De todas maneras el futuro gobierno deberá legislar para asegurar la sobrevivencia de la pesca artesanal, de su aporte a la economía nacional, a la cultura y la vida social del país.