La reforma educacional, tarea de todos

Según la última encuesta Adimark las reformas del Gobierno pierden apoyo.Y son - como lo ha reiterado la Presidenta en el homenaje a Eduardo Frei M. - la razón de ser de su mandato. Por eso resulta oportuna separar la paja del trigo y volver a los propósitos esenciales del compromiso con el electorado.

El eje de este gobierno es la reforma educacional, que hoy aparece empatada en la opinión pública entre partidarios y detractores. Es algo decepcionante si se tiene en cuenta su importancia para el futuro del país.

Como bien ha dicho A. Touraine en una reciente entrevista no hay que perder de vista que a través de la educación la sociedad se proyecta en el tiempo. Junto con el interés de cada cual de progresar en la vida, está el bien común de un país que depende de la proyección de su cultura. El mismo Touraine recuerda el carácter mixto del sistema chileno y su razón de ser.

En materia educacional se busca ampliar sustantivamente la cobertura de la educación pre escolar para que mejore su cuidado y su aprendizaje en los primeros años, período esencial para su desarrollo futuro. Es un éxito importante que el proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad para llevar a cabo esta tarea, haya sido aprobado en forma prácticamente unánime en el Senado. La JUNJI e INTEGRA deberán trabajar más coordinadamente y las iniciativas privadas tendrán una supervigilancia que garantice su calidad.

En la educación primaria y básica se busca terminar con el lucro privado con los recursos fiscales que el Estado aporta para cumplir con el mandato constitucional de financiar un sistema gratuito. En realidad, con la legislación actual los sostenedores no podrían extraer ganancias con la subvención. Pero la ley no se aplica.

La Superintendencia de Educación es una institución reciente y la CGR ha centrado su fiscalización en los Municipios resultados desalentadores sobre el uso de la subvención preferencial y la subvención de la educación diferencial.

En un estudio de Chile Transparente se pudieron detectar diversas falencias que permiten el despilfarro de los recursos públicos cuando no su mal uso o malversación. Junto con debatir en el Congreso la nueva normativa propuesta, el Ministerio ce Educación debería fiscalizar desde ya el uso de los recursos públicos.

La sustitución del copago con un aumento de la subvención pública, gradual en el tiempo, apunta a eliminar una de las causales de la segregación social. No es la única, ni siquiera la que tiene mayor incidencia. Pero este cambio sería una señal importante en favor de una mayor integración social en los colegios.

El proyecto también apunta a mejorar la prohibición de cualquier discriminación arbitraria en la admisión de los alumnos a los establecimientos escolares.El sistema propuesto - la inscripción centralizada a través de un sistema computacional - puede ser discutible, pero el propósito es claro: que los padres elijan los colegios sin sufrir ningún tipo de entorpecimiento o menoscabo.

Hoy en la ley existe una disposición que apunta en ese sentido. Pero nuevamente no se cumple. Por eso la autoridad debería encargarse de que no quede en letra muerta.

Habría que poner mayor énfasis en el mejoramiento de la educación pública sin distraer el debate sobre cómo acceder a los colegios llamados emblemáticos. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos por clase? ¿qué hacer efectivamente útil durante la jornada escolar completa? ¿ cómo especializar los colegios según las necesidades del entorno? Para no hablar de la prioridad que escuelas y liceos debieran tener en la preocupación de la Agencia de Calidad de la Educación, que debiera poner su foco en lo que sucede en la sala de clases y en el ambiente de convivencia escolar.

Pronto debiera presentarse el proyecto de carrera docente, que debiera contar con el apoyo del magisterio. Los profesores del sector público debieran contar con una perspectiva profesional y una remuneración que hicieran más atractivo a los maestros desempeñarse en los liceos que en los colegios particulares.

Sobre la gratuidad en la educación superior - universidades, CFT e IP - es una de las demandas más sentidas del movimiento estudiantil y de sus familias, agobiadas como están por pagos excesivos. A mi juicio resulta además inaceptable que las becas cubran sólo el arancel referencial y no el efectivo. Este es un punto que no admite demora.

Se podrán discutir muchos aspectos, como su implementación en el tiempo, las exigencias que se coloquen a las universidades, CFT e IP para acceder al sistema, pero no su finalidad principal: equiparar a todos los estudiantes cualquiera que sea el origen social y económico de sus familias.

Es tan importante esta tarea que resulta contraproducente poner sobre la mesa hoy si el aporte a las universidades estatales debe ser equivalente o superior al aporte del resto de las universidades de Consejo de Rectores que tienen una clara vocación pública. Distrae el debate hacia asuntos secundarios y divide las fuerzas que debieran apoyar los cambios.

Paralelamente debiera haber una comisión presidencial que evaluara los currículos de enseñanza actuales para ponerlos a tono con las exigencias actuales del conocimiento y su trasmisión. El traspaso de conocimiento en un mundo que evoluciona en forma tan vertiginosa, se ha convertido en un desafío para todos los países. Sus resultados debieran traducirse en propuestas de cambio que el Ministerio pudiera luego someter al Consejo Nacional de Educación.

Uno de los puntos más relevantes debiera ser la vinculación de la escuela con su entorno y en la enseñanza media el nexo entre enseñanza y experiencia de trabajo.Mucho se puede aprender, por ejemplo, de la enseñanza dual en Alemania.

Estas tareas que son verdaderos objetivos nacionales, deberían unir a los chilenos y no separarlos en estériles debates doctrinarios o en la mera defensa de intereses de grupos corporativos.

"Para que no sea” - perdone don Nicanor – “una reforma imaginaria".