La tiranía de los datos y el debate de seguridad: más allá de las cuñas
Estos últimos días han estado marcados por la tragedia: un joven de 16 años asesinado tras un secuestro y, solo dos días después, un carabinero baleado fatalmente durante un control en un barrio crítico. Ante hechos tan brutales, la reacción inmediata fue interpelar al Parlamento para apurar la agenda de seguridad. La pregunta que todos debemos hacernos es si esa agenda habría incidido -o incidirá en el futuro- en prevenir hechos de esta naturaleza.
Para responder con altura de miras, es clave revisar los datos oficiales. A inicios de septiembre, el gobierno dio a conocer el Informe Semestral de Homicidios, un insumo fundamental que consolida el trabajo interinstitucional del Observatorio de Homicidios y de la SPD, una labor que desde 2022 nos entrega por primera vez en la historia del país una cifra única y validada para este delito.
¿Qué dicen los números? Durante el primer semestre de 2026 se registraron 472 víctimas de homicidio consumado, lo que equivale a una tasa de 2,3 por cada 100 mil habitantes. Esto confirma una tendencia a la baja: una reducción del 11,5% respecto al mismo período anterior y el cuarto año consecutivo de disminución, acumulando una caída del 32,4% en comparación con 2022, el año más crítico (660 víctimas).
Esta política pública no solo permitió tener datos confiables, sino articular una estrategia de Estado robusta heredada del período anterior: los equipos ECOH, el plan Calles Sin Violencia, la mesa intersectorial de prevención de violencia letal en NNA, el Plan Contra el Crimen Organizado y el fortalecimiento del control de armas.
Sin embargo, el Presidente Kast señaló recientemente en una entrevista radial que el aumento de homicidios ocurrió de forma importante durante el gobierno de Gabriel Boric, y que su administración ha sido la encargada de combatirlos en estos seis meses.
Lo preocupante de esta afirmación no es solo que falte a la verdad -algo grave tratándose de la máxima autoridad del país, que debiera dominar los datos-, sino la forma en que instala una política basada en fake news, cuñas y viralización sin chequeo. Esto pone en riesgo los principios básicos de la democracia.
Durante la campaña presidencial vimos cómo el dolor ciudadano se instrumentalizó con discursos falsos para justificar ofertas políticas desconectadas de las verdaderas prioridades y los avances logrados previamente. Pero hoy ya no estamos en campaña. Lo que se exige de un gobierno es rigor técnico y diagnósticos correctos basados en evidencia, un deber ético fundamental de la gestión pública.
Por otro lado, aunque las cifras muestran una tendencia favorable, debemos cuidarnos de la "tiranía de los promedios". El informe arroja hallazgos urgentes que deben orientar las próximas intervenciones:
- Concentración territorial: el 65,5% de los homicidios se concentró en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío. Seis regiones superaron la tasa promedio nacional, destacando alzas en Tarapacá, Coquimbo y O'Higgins
- Perfil y contexto: el 63% de los casos ocurrió entre la tarde-noche, la madrugada y los fines de semana. El 90% de las víctimas fueron hombres, y el tramo etario más golpeado sigue siendo el de adultos jóvenes (18 a 39 años)
- El factor armas y crimen organizado: luego de tres años de descensos, el uso de armas de fuego volvió a subir, alcanzando el 48,9%. Además, el contexto asociado a delitos o grupos organizados pasó al primer lugar (41,3%), superando por primera vez al contexto interpersonal
- NNA y Femicidios: si bien los casos que involucran a menores de edad registraron una caída del 9,1% (la cifra más baja desde 2020), el 75% de esos trágicos casos ocurrió por disparos y en contextos de crimen organizado. Los femicidios, en tanto, disminuyeron 16,7%
La verdad de los datos es clara: los resultados actuales responden a la continuidad de políticas públicas consolidadas con anterioridad. Al actual gobierno no le corresponde atribuirse una autoría que no tiene, pero sí enfrenta una enorme responsabilidad: actuar con sentido de urgencia frente a los nudos críticos que revela el informe.
Se requiere fiscalizar con dureza la ruta de las armas de fuego, profundizar las intervenciones integrales en barrios críticos, fortalecer la persecución penal interinstitucional y golpear las finanzas del crimen organizado. Evitar las muertes que hoy lamentamos y el dolor irreparable de las familias exige dejar atrás el relato de campaña y asumir la gestión con rigor técnico. Eso es lo que la ciudadanía y la democracia verdaderamente demandan.