Menos partidos no basta
El retorno del debate sobre la reforma electoral y la ley de partidos reinstala una discusión conocida. El proyecto en segundo trámite en la Cámara Baja contempla un umbral nacional de representación y nuevas reglas frente al abandono del partido de origen. La fragmentación y el transfuguismo son problemas reales, pero no explican por sí solos la transformación que ha experimentado el sistema de partidos chileno.
Chile tiene hoy demasiados partidos relevantes para los patrones posteriores a 1990, aunque el número efectivo de partidos parlamentarios bajó de 11,50 en 2021 a 9,79 en 2025 y la volatilidad electoral descendió de 34,89% a 25,24%. Es una reducción apreciable, pero el sistema continúa lejos de la estabilidad de las primeras décadas democráticas.
Contar partidos nunca ha sido suficiente para comprender un sistema partidario. Sani y Sartori mostraron que la fragmentación y la polarización plantean problemas distintos. Un multipartidismo numeroso puede desenvolverse dentro de márgenes relativamente moderados. Otro, aun con menos actores, puede estructurarse alrededor de posiciones mucho más distantes. Durante años Chile se aproximó al primer caso.
Existía un multipartidismo contenido por dos grandes coaliciones, dentro de una competencia predominantemente centrípeta. Esa estabilidad descansaba, sin embargo, sobre fundamentos sociales menos firmes de lo que sugerían sus resultados electorales. Lindh, Fábrega y González encontraron un distanciamiento ideológico que comenzó tempranamente entre adherentes y opositores políticos y que más tarde apareció también entre grupos socioeconómicos y generaciones.
Antes de que la fragmentación aumentara con fuerza ya se habían debilitado, además, la identificación con los partidos y la confianza depositada en ellos. Mainwaring, Montes y Ortega cuestionaron una imagen demasiado homogénea de la institucionalización chilena. Luna y Altman mostraron que la estabilidad electoral podía coexistir con partidos poco arraigados socialmente, mientras Sánchez-Sibony ha subrayado cómo ese desarraigo puede profundizar la dependencia de liderazgos personalistas y estrategias de corto plazo.
El proyecto establece un umbral nacional del 5% y una excepción para el partido que alcance al menos ocho parlamentarios, considerando los diputados eventualmente elegidos y los senadores que continúan en ejercicio. Nuestras simulaciones para 2017, 2021 y 2025 incorporan esa salvaguarda. Aun así, cerca de una cuarta parte de los votos partidarios habría quedado afectada por la aplicación de la regla.
La simulación de 2025 arroja un resultado que merece atención. El número efectivo de partidos disminuye de 9,79 a 8,21, pero los polos aumentan ligeramente su peso parlamentario, de 71 a 74 escaños, mientras pierden representación fuerzas capaces de participar en acuerdos transversales. El ejercicio es estático y no permite saber cómo adaptarían su conducta partidos y electores frente a nuevas reglas. Sí permite observar que reducir la fragmentación no asegura una mayor presencia de actores capaces de contener la competencia centrífuga. Puede surgir una compactación polarizada, con menos partidos representados y mayor peso relativo de los polos.
La relevancia de este riesgo se aprecia en algunas mayorías legislativas recientes. La reforma previsional del gobierno de Boric fue posible por una convergencia que reunió al oficialismo con la mayor parte de Chile Vamos, mientras Republicanos, el Partido Social Cristiano y parlamentarios situados más a la derecha rechazaron aspectos centrales del acuerdo. En una parte importante de la agenda de seguridad la geometría fue diferente. Iniciativas como la regulación de las usurpaciones o la nueva legislación antiterrorista avanzaron pese a rechazos relevantes provenientes del Partido Comunista y de sectores del Frente Amplio. En ambos ámbitos, aunque mediante configuraciones distintas, la existencia de fuerzas capaces de participar en acuerdos que atravesaban la división entre gobierno y oposición permitió articular apoyos que no dependían enteramente de la disciplina de los polos.
El problema puede observarse hoy desde la dirección contraria. La reforma constitucional impulsada por el gobierno de Kast en materia de seguridad, que incluye un nuevo estado de excepción constitucional, ha debido enfrentar reparos provenientes también de sectores de la propia derecha. Las objeciones formuladas desde Chile Vamos han obligado a revisar parte de las facultades originalmente propuestas y a reforzar el control del Congreso.
La simulación no permite anticipar la formación de mayorías legislativas bajo una regla nueva. Muestra, sin embargo, que la reducción del número de partidos puede modificar la presencia parlamentaria de organizaciones que han participado en acuerdos transversales, mientras aumenta ligeramente el peso de los polos. Una Cámara con menos interlocutores puede facilitar ciertas decisiones, pero también estrechar el espacio disponible para construir mayorías transversales o contener iniciativas provenientes de los extremos. La compactación no debe evaluarse únicamente por el número de organizaciones representadas, sino también por la estructura de representación que produce.
La experiencia reciente también aconseja separar fragmentación y polarización. Entre 2021 y 2025 disminuyeron el número efectivo de partidos y la volatilidad, mientras la polarización afectiva medida por el Comparative National Elections Project en Chile aumentó de 3,9 a 6,34 puntos. Los estudios de 3xi y Criteria muestran una trayectoria menos lineal y sugieren que persisten distancias relevantes entre sectores. En 2024 disminuyeron varias brechas entre izquierda y derecha y creció la disposición al diálogo; durante 2025 algunas de esas diferencias volvieron a ampliarse. Los datos recientes muestran, por tanto, que ambas dimensiones pueden evolucionar en direcciones distintas.
Además, la polarización no se agota en la escala izquierda-derecha. El Partido de la Gente lo ilustra. Resulta difícil clasificarlo como extremo en esa dimensión y, pese a ello, ha canalizado una fuerte disposición antielite elite y una impugnación persistente al establishment político. La dimensión antielite puede adquirir importancia propia sin coincidir plenamente con el eje ideológico tradicional. Una eventual compactación puede reforzar polos distintos o superpuestos y no necesariamente producir un sistema más moderado por el solo hecho de reducir el número de partidos.
Gastev ha mostrado para América Latina que la volatilidad agregada no mantiene una relación uniforme con la polarización ideológica y que la votación obtenida por los partidos nuevos resulta más informativa. Importa, por tanto, no solo cuánto cambia el voto entre una elección y otra, sino también quiénes ingresan y qué lugar ocupan en la competencia.
En Chile, los partidos entrantes reunieron 16,76% del voto partidario en 2017, 22,99% en 2021 y 12,42% en 2025. Su incidencia tampoco terminó con la elección en que aparecieron. Entre 2021 y 2025, más de la mitad de la volatilidad entre partidos persistentes corresponde a organizaciones, o a sus continuidades, que habían ingresado desde 2017. Para la medición ya no eran partidos nuevos. Políticamente seguían formando parte de una recomposición todavía en curso.
El transfuguismo plantea un problema parecido. Elevar el costo de abandonar un partido puede fortalecer la responsabilidad política, pero su eficacia depende del vínculo que exista previamente entre la organización y sus representantes. Cuando ese vínculo es débil y predominan liderazgos personalistas, el problema comienza bastante antes del cambio de militancia. Una elaboración programática escasa profundiza esa fragilidad.
Por eso, la discusión no debería limitarse a las sanciones frente al abandono del partido. También importa la capacidad de las organizaciones para producir y sostener vínculos políticos duraderos. Un partido programático necesita propuestas reconocibles y cierta continuidad en el tiempo. La presencia territorial permite mantener relaciones con comunidades y gobiernos locales más allá de las campañas. Cuando esas capacidades son débiles, se vuelve más difícil construir lealtades políticas estables entre el partido, sus representantes y sus electores.
Nada de esto vuelve irrelevante la regulación electoral. El umbral modifica las condiciones de acceso a la representación y otras normas pueden incidir sobre el funcionamiento interno de los partidos o sobre su comportamiento parlamentario. El problema aparece cuando se atribuye a una reforma electoral la capacidad de resolver también el debilitamiento de las organizaciones.
La situación chilena no procede de un sistema originalmente atomizado. Durante décadas hubo partidos capaces de ordenar conflictos y articular proyectos políticos, y después de 1990 las coaliciones conservaron por un tiempo una importante capacidad de agregación. La atomización apareció más tarde, cuando ya se habían debilitado vínculos representativos y capacidades partidarias que antes ayudaban a contener la competencia.
Reducir la fragmentación puede contribuir al funcionamiento del Congreso. Reinstitucionalizar el sistema exige bastante más. Requiere reconstruir los vínculos de representación y fortalecer organizaciones capaces de cooperar en un régimen presidencial multipartidista. El número de partidos importa, pero no resuelve por sí solo el problema. También cuentan la relación que logren establecer con la ciudadanía y la forma en que se organice la competencia entre ellos.