Nueva Constitución y diálogo social

La falta de legitimidad de la actual Constitucio?n de Chile y del sistema poli?tico, social y econo?mico que nos rigen, fue la principal argumentacio?n que esgrimio? la presidenta Michel Bachelet durante su campan?a presidencial para generar la promesa de una nueva Constitucio?n.

La actual Constitucio?n solo despierta un alto grado de desconfianza en el pueblo para decidir sobre su destino lo que se traduce en una institucionalidad poli?tica que no responde a la nueva época que estamos viviendo y principalmente a los intereses comunes de los y las chilenas.

El actual Congreso Nacional es de?bil. Los partidos poli?ticos son sospechosos. La participacio?n ciudadana directa inexistente.En esencia está comprometida ideolo?gicamente con los sectores poli?ticos de la dictadura y de la derecha, a pesar de algunos ajustes que se hicieron durante el gobierno del Presidente Lagos.

El reconocimiento timorato y a regan?adientes de los derechos sociales genera un desequilibrio constitucional. La existencia de leyes supra mayoritarias que le conceden poder de veto a los perdedores solo confirma que no logra ser un techo que nos cobije por igual.

El orden constitucional vigente refleja un pai?s muy distinto al Chile real. Para la Carta Fundamental no existen los Pueblos originarios. El texto concentra poder en una sola autoridad.Las Regiones siguen dependiendo de la capital. Las mujeres y los trabajadores no ven reconocidos debidamente sus derechos esenciales.

Pese a los cantos y alabanzas que frecuentemente se escuchan sobre las excelencias del nuevo orden basado en una seguridad que aliente la competencia y el éxito en base únicamente al esfuerzo personal, las encuestas de opinión muestran que el principal temor de los ciudadanos es a la inseguridad en la que viven; inseguridad frente a cómo enfrentar los riesgos de salud, la pérdida de empleo, de cómo financiar la educación de sus hijos, al temor de llegar a la vejez con una jubilación que los condena a la pobreza, de ser agredidos en la vía pública.

La Presidenta haciendo honor a su promesa anunció el inicio de la construcción de la nueva Constitución. Será la oportunidad para garantizara los ciudadanos seguridad y protecciones básicas, demandas que surgen de la sociedad a partir de las vivencias cotidianas de sus miembros. Cada vez más personas se preguntan para qué les sirve el crecimiento económico y la modernidad institucional si no saben que será de sus vidas y  la de sus familiares en el futuro más próximo.

Esas personas, que constituyen una mayoría apreciable demandan no un regreso al pasado, pero sí una Constitución y en consecuencia un Estado que les otorgue esas seguridades mínimas. Ello supone, después de las impuestas y radicales políticas aplicadas durante la dictadura y mantenidas en su esencia en las últimas décadas, una reconstrucción del Estado y una resocialización de la vida nacional, de tal manera que se avance hacia la construcción de un Estado promotor, controlador, arbitro y generador de nuevos sistemas de solidaridad sistémica que garantice a los ciudadanos la vigencia de sus derechos individuales, la prevalencia del interés público y la seguridad frente a las diversas contingencias de la vida.

En consecuencia la nueva Constitución no puede ser construida sino a través del diálogo social.Es en este sentido que hoy día éste alcanza su verdadera dimensión como vía y como método para el procesamiento de los diferentes intereses sociales, muchos de ellos contrapuestos para alcanzar consensos básicos.

En este diálogo deben participar todas las organizaciones representativas de los diferentes sectores sociales que, precisamente por ello, constituyen la vía mediante la cual defienden sus intereses. Entre estos sectores y organizaciones adquieren una especial relevancia el de los trabajadores: los sindicatos.

Aun a riesgo de parecer extremos, no habrá una nueva Constitución, sino es a través del Diálogo Social. Diálogo que no será posible sin la activa participación ciudadana, de los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones que otorgaría legitimidad social al sistema político chileno y devolvería la confianza a la ciudadanía.

El diálogo social surge así como un instrumento y a la vez como una base fundamental para el proceso de reforma constitucional, tanto por su papel catalizador de conflictos de diferente magnitud, como por ser un mecanismo esencial para desarrollar las libertades y derechos fundamentales que son base de la democracia. Se trata, en fin, de un elemento indispensable de progreso social sin el cual al Estado le resultaría más difícil cumplir sus fines a cabalidad.

Será indispensable articular mecanismos o espacios de diálogo que faciliten el encuentro de los intereses en conflicto, fortaleciendo los intercambios de opinión y propiciando las bases mínimas para el consenso. El Diálogo Social será un instrumento esencial para fortalecer los pilares que sustenten la nueva Constitución y, por ende, de la propia democracia.