Durante las últimas décadas, Chile ha experimentado importantes transformaciones económicas y sociales. Sin embargo, existe una pregunta que permanece abierta: ¿Cuánto de ese progreso se ha traducido efectivamente en una distribución más equitativa de los ingresos, la riqueza y las oportunidades?
Según el Banco Mundial, el índice de Gini de Chile pasó de 52,8 puntos en el año 2000 a alrededor de 43 en los últimos registros disponibles. Se trata de una disminución importante de la desigualdad de ingresos, que sería incorrecto desconocer. Pero ese indicador, por sí solo, no nos dice cómo se distribuye la riqueza acumulada ni las capacidades que permiten a una persona mejorar su posición económica a lo largo del tiempo.
Aquí adquiere especial relevancia el trabajo del Laboratorio Mundial de la Desigualdad, vinculado a Thomas Piketty. Su Informe Mundial sobre la Desigualdad 2026 estima que en Chile el 10% de mayores ingresos concentra el 59,5% del ingreso nacional y posee el 69,4% de la riqueza. En el otro extremo, la mitad de la población recibe apenas el 8,2% de los ingresos y posee solo el 2,6% de la riqueza. El 1% más rico concentra, por sí solo, más de un tercio de la riqueza nacional.
Estas cifras permiten distinguir dos fenómenos que muchas veces se confunden: reducir la desigualdad de ingresos y desconcentrar las oportunidades económicas. Chile ha avanzado en lo primero, pero sigue teniendo una estructura profundamente desigual en lo segundo.
Por eso la discusión del Presupuesto Nacional 2027 resulta especialmente relevante. El proyecto propone un crecimiento acotado del gasto público, cercano al 1,5%, pero con una reasignación evidente de prioridades.
Seguridad, empleo, crecimiento y salud y aparecen entre los principales focos del Ejecutivo. No estamos, por tanto, frente a un presupuesto que simplemente gaste menos, sino frente a uno que decide con mayor intensidad dónde poner los recursos disponibles.
Y allí aparece una pregunta fundamental: ¿Qué tipo de desarrollo estamos financiando? Mientras el Gobierno impulsa una estrategia de crecimiento y empleo basada, entre otros instrumentos, en mayor inversión y ejecución de obras, el proyecto de Presupuesto 2027 deja sin financiamiento a las Becas TIC, herederas del programa "Yo Elijo Mi PC", que durante 17 años entregó computadores a estudiantes, principalmente de séptimo básico, con el objetivo de reducir la brecha digital. Su continuidad dependerá ahora de la discusión presupuestaria en el Congreso.
El Gobierno ha defendido esta decisión señalando que evaluaciones previas no encontraron efectos relevantes del programa sobre los aprendizajes. Esa evaluación debe ser considerada seriamente. Pero también cabe preguntarse si el único criterio para evaluar una política de acceso tecnológico debe ser su efecto inmediato en los resultados académicos. En sociedades cada vez más digitalizadas, disponer de un computador en el hogar también significa acceso a información, capacitación, trámites, herramientas productivas y nuevas posibilidades laborales.
Esa discusión sintetiza un problema mayor. Enfrentar la desigualdad no consiste únicamente en compensar sus consecuencias, sino que también implica crear capacidades para que las personas puedan modificar su trayectoria. Un computador para un estudiante, una universidad desarrollando investigación aplicada, un municipio capaz de fomentar nuevas actividades productivas o una región que disponga de recursos para definir sus propias inversiones también son políticas de desarrollo.
Desde esa perspectiva, quizás necesitamos ampliar nuestra concepción de la inversión pública. La infraestructura es indispensable y la generación de empleo también. Pero el desafío del país no puede ser únicamente crear empleos hoy, sino construir las capacidades que permitan crear mejores empleos mañana. Eso requiere infraestructura, pero también tecnología, formación, investigación, desarrollo e innovación.
Y es aquí donde el municipalismo puede jugar un papel mucho más importante. El Fondo Común Municipal ha sido históricamente uno de los principales mecanismos de redistribución entre comunas. Sin embargo, debemos preguntarnos si basta con redistribuir recursos para financiar servicios municipales o si avanzamos a una nueva generación de instrumentos que permitan reducir también las desigualdades productivas entre territorios.
¿Por qué no pensar en fondos de desarrollo que permitan a los municipios asociarse para la innovación territorial con universidades, centros de formación técnica, empresas y organizaciones sociales? Fondos que permitan desarrollar proyectos tecnológicos y de innovación, capacitar trabajadores en sectores con demanda creciente, fomentar emprendimientos e integración productiva local, atraer inversión o identificar las vocaciones productivas de cada territorio.
Si los estudiantes de nuestra Academia de Matemática municipal llegaron al mundial en Shanghái, ¿por qué no pensar en lo que pueden lograr nuestros emprendedores?
Los municipios conocemos de primera fuente las necesidades de nuestros vecinos, pero también sus capacidades y aspiraciones. Sabemos dónde faltan oportunidades y dónde existen talentos que muchas veces no encuentran un espacio para desarrollarse.