Todos fuimos octubristas
Al buscar los fundamentos que explican el movimiento de protesta conocido como revuelta o estallido social, iniciado el 18 de octubre de 2019, es necesario distinguir entre las causas inmediatas, vinculadas a los desaciertos del gobierno de la época, y aquellas de carácter estructural, relacionadas con el deterioro de la convivencia nacional, la vulneración o el menoscabo de derechos sociales y problemas que se arrastraban desde hacía décadas.
Sin pretender un análisis integral, resulta pertinente examinar las declaraciones y los diagnósticos que, desde distintos sectores de la derecha económica y política, se formularon durante los primeros momentos del estallido social. Su importancia radica en que permiten analizar cómo los sectores vinculados a cierto poder político y sobre todo económico interpretaron las causas del malestar ciudadano, qué aspectos de la crisis reconocieron o minimizaron y qué respuestas propusieron frente a las demandas sociales.
Estas intervenciones constituyen, por tanto, una fuente relevante para comprender no solo las distintas interpretaciones del estallido, sino también las tensiones entre la defensa del orden institucional, el reconocimiento de las desigualdades y las exigencias de cambio que atravesaban a la sociedad chilena. Dicho análisis está pendiente pero se pueden indicar algunas referencias.
Cabe recordar la posición expresada por el Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que se reunió durante la semana siguiente al inicio del estallido social para analizar el escenario que enfrentaba el país. En esa ocasión, su presidente, Alfonso Swett, señaló que se había abordado -entre otras materias- el impuesto a los sectores de mayores ingresos y la reintegración del sistema tributario. Asimismo, expresó que "a la sociedad en su conjunto le decimos con mucha humildad que para nosotros -los empresarios- es hora de escuchar con los oídos grandes".
En una línea similar se manifestó el entonces presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, quien sostuvo que "después de lo que hemos visto estos días, creo que todos los actores tenemos que tener (sic) una mucho mayor humildad, una capacidad mayor de escuchar, de recibir distintas miradas".
Asimismo, es necesario considerar las posiciones de los sectores políticos de derecha y de diversos actores sociales y políticos que, desde distintas perspectivas, cuestionaban el rumbo que había tomado Chile durante los gobiernos posteriores a la dictadura civil-militar, particularmente en lo relativo al modelo de desarrollo económico, la desigualdad y las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
Tenemos las declaraciones de Karla Rubilar, entonces ministra de la Secretaría General de Gobierno y vocera del Gobierno de Sebastián Piñera, quien reconoció públicamente el error de no haber anticipado la magnitud del malestar social. Señaló que "no vimos venir que la rabia era acumulada, era real y que tenía sustento". Sus palabras constituyeron una autocrítica desde el propio Ejecutivo respecto de su incapacidad para comprender oportunamente el descontento que se había acumulado en amplios sectores de la sociedad chilena.
En una línea aún más explícita, el entonces diputado y presidente de Renovación Nacional (RN) Mario Desbordes sorprendió al declarar que, si no fuera parlamentario, probablemente estaría participando en las manifestaciones sociales. Señaló que "probablemente estaría en la calle, pero no contra un gobierno determinado, porque creo que la mayoría de la gente que se manifiesta no es de izquierda ni de derecha y el que quiera apropiarse de las marchas no está entendiendo nada", reconociendo que su propio hijo participaba en las protestas.
Estas declaraciones, que no fueron aisladas, son relevantes para comprender que el reconocimiento de las causas del estallido social no se limitó a la izquierda o a los sectores tradicionalmente opositores al modelo económico. También surgió desde figuras del oficialismo de la época y de la derecha política, que admitieron la profundidad del malestar ciudadano y la legitimidad de escuchar, discutir y canalizar sus demandas, aun cuando ello no implicara respaldar todas las expresiones del movimiento.
De todo lo anterior surge la reflexión sobre que en algún momento del estallido social todos fuimos octubristas, en la medida en que reconocimos, compartimos o comprendimos algunas de las demandas que dieron origen a la movilización.
Sin embargo, en los momentos actuales, a siete años del estallido o revuelta social, muchos actores políticos y sectores de poder parecen renegar de ese proceso, reduciéndolo a la etiqueta de "estallido delictual", ampliamente difundida en diversos medios de comunicación de masas, y dejando en segundo plano las demandas sociales, los cuestionamientos al modelo de desarrollo y los problemas estructurales que le dieron origen.
Reconocer los fundamentos de la Revuelta no significa respaldar los delitos cometidos durante ese período. Tampoco se puede invisibilizar los delitos cometidos por agentes del Estado, lo cual implicó concluyentes informes de diversos organismos de derechos humanos. Comprender la violencia en todas sus dimensiones y profundidad (directa, cultural y estructural) significa comprender que, más allá de las legítimas diferencias sobre sus formas y consecuencias, el 18 de octubre de 2019 expresó una crisis profunda que la sociedad chilena no puede explicar ni superar simplemente negando sus causas.