El que más sabe, menos puede
El jueves 8 de octubre, tras una intensa lluvia, un aluvión bajó por la quebrada Honda, en Las Condes, arrastró autos y un bus, y dejó heridos y cerca de 400 damnificados. El riesgo se conocía. A fines de enero ya había ocurrido un primer aluvión en la misma zona, y en febrero el municipio y Sernageomin advirtieron por escrito que podía venir uno mayor. Pero un municipio no puede intervenir una quebrada, ni siquiera estudiarla, sin autorización del Ministerio de Obras Públicas. Las gestiones avanzaron cuando un ministro entendió la urgencia, no porque el sistema lo exigiera. Las obras no llegaron a tiempo, y los estudios de fondo empezaron recién después del desastre.
Y si una comuna con los recursos de Las Condes no pudo adelantarse, es difícil pensar que lo logren las comunas más pobres. Ellas simplemente se quedan esperando.
Con un Estado más descentralizado, esta tragedia se pudo haber gestionado mejor. No porque las autoridades locales sean mejores, sino porque están más cerca. El alcalde es quien mejor conoce su comuna y los riesgos a los que están expuestos sus vecinos. El gobierno regional tiene una mirada más amplia, pero igualmente cercana al territorio, que le permite identificar necesidades comunes y coordinar soluciones que superan las capacidades de cada municipio. Sin embargo, para cumplir ese papel necesita atribuciones y recursos que hoy no tiene. Al nivel central le correspondería fijar estándares y financiar las grandes inversiones. En la práctica, el orden está invertido. Las decisiones se toman lejos, y el que más sabe es el que menos puede hacer.
No es una idea exótica. Japón es un Estado unitario como Chile, y también vive expuesto a terremotos y lluvias torrenciales. Allá, las prefecturas, equivalentes a nuestras regiones, están a cargo de los ríos y bosques, y los municipios de servicios como bomberos y agua potable. Entre ambos gastan casi cuatro de cada cinco yenes que el país destina a recuperación de desastres, y casi dos de cada tres del gasto en conservación de ríos y costas. Esta distribución de responsabilidades se consolidó con una reforma impulsada hace más de dos décadas, que clarificó las competencias de cada nivel de gobierno y redujo la subordinación de las autoridades locales respecto del poder central.
Con un diseño así, la alerta de febrero no habría tenido que quedar en una carta. El municipio habría podido encargar los estudios de inmediato, y el gobierno regional habría podido financiar y ejecutar las obras de mitigación con presupuesto propio, sin esperar las prioridades de un ministerio.
Lo de Las Condes no es un caso aislado. A más de dos años del incendio de Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué, muchas familias siguen esperando su casa definitiva. La reconstrucción tras los incendios del sur de este año se proyecta hasta 2027. En el norte, el temporal de julio dejó miles de viviendas dañadas y una discusión sobre si habría fondos para reconstruir. Son emergencias ocurridas bajo gobiernos de distinto signo, y en todas ellas las decisiones se tomaron desde el nivel central. El propio ministro del Interior reconoció que "para nadie es un misterio que hay una maraña burocrática que cuesta mucho romper". El problema se conoce, pero se asume como algo normal.
Descentralizar no es solo elegir autoridades. Es que las atribuciones y los recursos sigan al conocimiento del territorio. Eso exige metas claras y fiscalización, porque los gobiernos regionales han tenido problemas de control que no se pueden ignorar. Pero la respuesta es mejorar los controles, no seguir concentrando las decisiones. La próxima lluvia o el próximo incendio van a llegar, y Chile necesita un cambio estructural antes de eso. Si no damos ese paso, vamos a seguir viendo las mismas escenas.