Alumno perplejo: salud pública castigada pese a su buena evaluación
Desde diciembre del año 2012 se implementó el bono por trato al usuario. Una asignación que se entrega a los funcionarios del sistema público de salud y que depende de una evaluación anual que realizan diferentes consultoras e instituciones académicas externas, financiadas por el propio Ministerio de Salud y que se licitan cada dos años -pasando por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, Cadem o Ipsos-.
Es decir no se trata de una autoevaluación o una percepción complaciente de los mismos trabajadores, sino una serie de encuestas y mediciones independientes y de gran seriedad metodológica.
En esta década, en una escala de 1 a 7, la nota más baja registrada para calificar la atención en el servicio ha sido 5,5, alcanzando peaks históricos de 6,99 en establecimientos de alta exigencia como la exPosta Central.
En esta evaluación normada por la ley 20.340, promulgada por el presidente Sebastián Piñera, los pacientes declaran cuánto valoran y respetan la atención que reciben en hospitales y consultorios. Ante esto, resulta profundamente paradójica la narrativa impulsada desde sectores del Gobierno y la administración central, donde se insiste en presentar a los funcionarios públicos como ineficientes o despreocupados de sus tareas.
¿Cómo se explica que el discurso oficial descalifique a una fuerza laboral a la que el usuario directo le otorga notas sobresalientes? Es como si un estudiante que obtiene buenas calificaciones fuera sancionado por sus maestros al sacar un buen promedio.
La contingencia nos ha enfrentado recientemente a episodios de violencia en recintos asistenciales que generan alta preocupación pública, como ocurrió en el Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez de Bajos de Mena. Es la ciudadanía la que ha condenado esos hechos, precisamente por la valoración que hace de los espacios de atención y sus trabajadores. Como gremio, sostenemos estos ataques no representan la relación cotidiana entre la comunidad y sus equipos de salud. La fortaleza del vínculo entre el paciente y el funcionario público es un importante pilar que sostiene al sistema.
Chile es un país obsesionado con las métricas y los estándares, pero a menudo deja en el punto ciego del ojo resultados sustantivos que refuerzan la buena evaluación de sus servicios de salud. Indicadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OCDE observan la salud pública chilena como un modelo de resiliencia, sustentado en una expectativa de vida que supera los 81 años, cifra propia de naciones desarrolladas. Teniendo esto en cuenta, junto con la realización de la Evaluación del Mejoramiento de la Calidad del Trato al Usuario; resulta incomprensible el debilitamiento del presupuesto del Ministerio de Salud. Si bien, el mayor éxito del sistema de salud chileno es que logra estos buenos indicadores haciendo más con menos, la política asfixiante de los recortes parece una nueva sanción a este alumno perplejo.
Una postura ideológica que busca privatizar y desmantelar el rol protector del Estado a favor de un modelo comercial supuestamente más eficiente. Quienes se niegan a reconocer el potencial y fortaleza de la red pública de salud tienen su mirada puesta en otras evaluaciones similares a las de quienes arriesgan las pensiones de los trabajadores y jubilados esperando más premios inmediatistas que una buena valoración de la ciudadanía.
Los usuarios no se equivocan al ponernos buena nota. A pesar de la falta de insumos, las listas de espera y la sobrecarga laboral, la salud pública se mantiene en pie por la dignidad de sus trabajadores quienes seguiremos defendiendo la salud pública, negociando las condiciones que corresponden y demostrando que el compromiso con la vida humana no se traspasa ni se vende.