La prioridad sanitaria en el debate del Presupuesto 2027
La propuesta planteada por la autoridad sanitaria para solicitar una expansión presupuestaria de entre 4,5% a 5% para el sector Salud en el año 2027 marca un punto de partida relevante en la discusión de las cuentas públicas. Esta señal responde a la necesidad de fortalecer el financiamiento de la red asistencial, abriendo un espacio oportuno para examinar cómo se distribuyen los recursos en áreas donde el país registra desafíos acumulados.
La discusión de la Ley de Presupuestos representa un hito de decisión política donde el Estado define sus prioridades de desarrollo. En este contexto, la atención de las infecciones de transmisión sexual requiere un resguardo presupuestario explícito que proteja la adquisición de insumos preventivos y el abastecimiento continuo de pruebas rápidas. La experiencia reciente demuestra que cualquier restricción en los fondos se traduce en un debilitamiento de la capacidad de respuesta territorial.
Las cifras epidemiológicas del país entregan argumentos sólidos sobre la urgencia de actuar. Durante el año 2025, la tasa de notificación de sífilis alcanzó un récord de 55,2 casos por cada 100 mil habitantes, mientras los diagnósticos de gonorrea mostraron un incremento de 2,5 veces en el último quinquenio. En el ámbito del VIH, alrededor de 22 mil personas que conocen su diagnóstico positivo continúan sin acceder a tratamiento médico sostenido, perpetuando la transmisión comunitaria de la infección.
Esto expone una realidad de nuestro sistema de salud que exige corrección. La disponibilidad teórica de garantías o tratamientos no asegura por sí sola que la población logre acceder a ellos en el momento oportuno. El costo de postergar la inversión en prevención primaria, acceso y adherencia al tratamiento, resulta elevado, puesto que el Estado termina asumiendo atenciones hospitalarias de alta complejidad que pudieron evitarse con una estrategia comunitaria de menor costo.
Chile cuenta con las condiciones técnicas y el aprendizaje institucional para consolidar una política de salud sexual moderna. El debate presupuestario del año 2027 ofrece la oportunidad de construir un acuerdo transversal entre las autoridades gubernamentales y los legisladores, asegurando que los recursos aprobados garanticen la continuidad del testeo y la entrega de insumos preventivos en todas las regiones del país.