Obstáculos en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Chile

Débora Solís

Ultimos publicados:

• Movimientos sociales que construyen futuro
• Su avance no nos hará retroceder
• ¿Son "nuestros" niños y niñas?

La ley 20.030 sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo -más conocida como ley IVE- fue aprobada considerando la facultad de los y las profesionales de la salud a ejercer su derecho a la objeción de conciencia en todas o en algunas de las causales.

Para enero de 2023, los ministerios De la Mujer y la Equidad de Género, y De Salud informaron que cuatro de cada 10 profesionales de la medicina obstétrica en hospitales públicos son objetorxs de conciencia en causal de violación, lo que corresponde a 43% del total. En la causal riesgo de vida de la madre 15% lo es y 23% ante inviabilidad fetal.

Esta prerrogativa puede dar lugar a situaciones en las que algunos centros de salud carezcan de profesionales con la disposición a llevar a cabo procedimientos amparados por la ley IVE. Una de las principales consecuencias es que las mujeres y personas gestantes se ven obligadas a buscar atención médica en lugares alejados de sus residencias y en ocasiones, este desplazamiento implica recorridos significativos, lo que agrega una barrera adicional para el ejercicio de su legítimo derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Ante el escenario actual en el que se encuentra Chile, independientemente si se promulga una nueva Constitución o se mantiene la actual Carta Magna, el panorama para las mujeres y personas con capacidad de gestar se ve bastante complejo. Independientemente de esta situación, es imperativo que sigamos abordando las necesidades de las personas que en este momento no pueden ejercer o ven obstaculizado su derecho a decidir.

Frente a lo mencionado, donde existen diversas barreras significativas para interrumpir un embarazo en tres causales, es fundamental recordar que la protección de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos es esencial, como parte constituyente de los Derechos Humanos. La equidad en el acceso al ejercicio de este derecho no debe ni puede ser un privilegio dependiente de la ubicación geográfica, de los recursos económicos o de la disponibilidad de profesionales de la salud dispuestxs a realizar estos procedimientos.