Con la creación de las AFP en 1980 se privatizaron las dunas de Concón
En razón a que los chilenos tenemos muy mala memoria y teniendo presente lo que acontece con el proyecto inmobiliario Alto Santorini -del arquitecto Víctor Quiroz- en un terreno de dunas localizado en la comuna de Viña del Mar, a un escaso metro del Santuario de la Naturaleza de 30 hectáreas Campo Dunar Reñaca-Concón, se debe tener presente que esta inversión será posible, única y exclusivamente gracias a la venta, en trato directo, a fines de 1979, de todo el territorio dunar, por parte de la dictadura a dos regalonas empresas constructoras. La operación comercial fue posibilitada gracias a las intervenciones de lobby, practicadas eficazmente por algunos conocidos y bien relacionados Fernandos Cerimedos de aquel entonces.
La opinión pública tiene conocimiento que este polémico negocio, originado con un permiso de edificación del año 2017, fue aprobado recientemente por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Valparaíso, pasando por alto la fundada objeción técnica del Sernageomin, motivo por el cual unos diputados de oposición denunciaron el hecho en la Contraloría General de la República. En el año 1993, ya en democracia, el gobierno de Patricio Aylwin intentó proteger 50 hectáreas de las centenas de hectáreas de dunas, existentes entre Viña del Mar y Concón, lo que no fue posible por las presiones de sus propietarios, quienes finalmente admitieron que el resguardo patrimonial y ambiental solo fuera por 12 hectáreas, las que posteriormente aumentaron a las actuales 30.
En aquella remota época, todo el territorio del balneario de Concón formaba parte de la comuna de Viña del Mar y cuando se llevó a cabo esta operación mercantil, que otorgó inusuales prebendas territoriales a los dueños de esas empresas privadas, ejercía como ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu) el general Jaime Estrada, actuando como alcalde designado en Viña del Mar el político Edmundo Crespo. El Plan Regulador Comunal (PRC) de Concón entró en vigencia durante el año 2017, instrumento normativo que tiene varias modificaciones.
Se debe recordar que, con el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, cuyo articulador fue el economista José Piñera, se modificó radicalmente el sistema de previsión en Chile, creándose las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y, tal como se expresó en el primer párrafo, en septiembre de 1979, el gobierno militar de entonces le vendió derechos, pagaderos en cómodas cuotas, que tenía la exCaja de Previsión de Empleados Particulares en las Sociedades Constructoras de Viviendas Económicas Uno y Cinco, a las empresas Neut Latour y Edmundo Pérez, Sociedad Colectiva. De acuerdo a una investigación realizada por la fundación Defendamos la Ciudad, hubo una morosidad nunca pagada, en razón a que la deuda estaba prescrita, conforme a la confirmación del representante legal del Instituto de Previsión Social (IPS), continuador del exInstituto de Normalización Previsional (INP).
Pues bien, para posibilitarse la enorme plusvalía territorial de las dunas que favoreció a las mencionadas empresas, fue necesario que las autoridades civiles y militares de la dictadura modificaran, el mismo año 1980, el PRC de Viña del Mar, asignándole libertinas normas de edificación a todo ese territorio, asunto de interés público que se encuentra publicado en carta de fecha 27/08/2023 de Ciper.
En el segundo párrafo de esta reveladora carta se reproducen cinco columnas de opinión, dadas a conocer en los años 2011 y 2012, en las cuales se relatan con lujo de detalles los acontecimientos de la operación en comento, como también en el tercer párrafo de la misma carta se aprecia el contundente texto de la presentación sobre esta materia del asesor jurídico abogado Pedro Pierry Arrau, del Consejo de Monumentos Nacionales, en sesión del 2 de marzo de 1994 en ese órgano del Estado, texto en donde se explican legalmente las acciones mendaces de los interesados, tanto funcionarios públicos como actores privados.
En la búsqueda de la probidad en los mercados y del imperio del derecho e nuestra democracia, invitamos a quienes desempeñan funciones públicas en el gobierno de Kast, en orden a que lean las cinco columnas y sobre todo, la presentación del abogado Pierry publicadas en Ciper, para que este tipo de prácticas indebidas nunca más se repitan.
Asimismo, le proponemos a los miembros de las influyentes asociaciones gremiales empresariales, quienes con tanta fuerza critican la llamada "permisología", que se tomen un tiempo en sus actividades comerciales, para que sepan cómo opera la corrupción y la impunidad, pues estas dunas están repletas de torres habitacionales en altura.