Presupuesto 2023: una mirada desde los derechos humanos
La tramitación en el Congreso del presupuesto del país del año 2023 está tomando un rumbo que alerta de muchas carencias desde el punto de vista de los derechos humanos ¿por qué?
Por un lado, la semana pasada la Cámara de Diputadas y Diputados decidió eliminar de la Ley de Presupuesto los fondos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y otros sitios de memoria, como el Museo de la Memoria o la Fundación Villa Grimaldi, entre otros. Dejar sin respaldo financiero a instituciones y espacios que realizan un trabajo relevante por la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en Chile es una grave falta, entre otras cosas, porque son estos espacios y las comunidades en torno a ellas las que mantienen viva la memoria para así luchar contra la impunidad. Son lugares que contribuyen a fortalecer una cultura de respeto a los Derechos Humanos y, por tanto, constituyen una fundamental garantía de no repetición de graves violaciones a los derechos fundamentales. Es por eso que Amnistía Internacional insta al Senado a revertir esta decisión que afecta notablemente al avance en respeto, educación y promoción de los derechos humanos en el país.
Por otro lado, si hablamos de salud, está claro que en Chile tenemos un sistema marcado por una desigualdad estructural, como se puede corroborar en el informe "Desigual y letal" de Amnistía Internacional, que mostró las consecuencias del Covid-19 en América y evidenció la fragilidad de los servicios de salud, consecuencia de las decisiones de autoridades del Estado. Afrontar este hecho es de carácter urgente. "El sálvese quien pueda" debe erradicarse para dar paso a un modelo que atienda eficientemente a las necesidades de todas las personas. En Chile, los ingresos públicos por impuestos y contribuciones a la seguridad social sólo representan la mitad del gasto total en atención de la salud; la otra mitad procede de los pacientes a través de tasas preceptivas de pago anticipado y gastos voluntarios o pagados de su bolsillo. En ese marco, una de las medidas que hemos recomendado es destinar al menos 6% del PIB a este tema, tal como lo establece la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sino también asegurando que este aumento, y el presupuesto en general, se destine efectivamente a mejorar la igualdad en el acceso al derecho a la salud y para reducir las brechas de disponibilidad y accesibilidad.
Además, en relación a las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el "estallido social", es fundamental que se asignen mayores recursos a las fiscalías. La Asociación de Fiscales manifestó recientemente que existe una sobrecarga importante que no les estaría permitiendo realizar su trabajo de manera adecuada respecto a este tipo de investigaciones. Incluso, la entidad mencionó que las investigaciones de violencia institucional deben enfrentarse con una mirada holística, pues no basta con mirar un caso en particular. Actualmente, de las 10.831 denuncias realizadas por las víctimas solo ha habido 16 condenas, equivalentes a 0,1%.
La asignación de recursos, tanto humanos como materiales, también debe respaldar a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, para que también tenga equipos en otras regiones y no solo en Santiago; y asimismo al Servicio Médico Legal para la realización de pericias, especialmente del Protocolo de Estambul. Lo anterior es indispensable para que el Estado de Chile cumpla con sus obligaciones internacionales de investigar con la debida diligencia y se evite seguir avanzando hacia la impunidad.
Por último, en cuanto a la gravedad del fraude de gastos reservados por parte de exautoridades militares y policiales, decir que sus consecuencias son directas en lo relacionado a los derechos humanos, ya que este tipo de corrupción implica una importante desviación de recursos públicos que deberían dirigirse a cumplir deberes del Estado como proteger a las personas y, en cambio, terminan beneficiando intereses particulares.
Es imprescindible que el Gobierno y Congreso Nacional, a través de la tramitación de la Ley de Presupuesto, pongan en el centro las obligaciones internacionales que tiene el Estado en materia de derechos humanos, de manera que, con un enfoque de derechos que sea transversal en todas las políticas públicas, avancemos en la construcción de un Chile más justo y equitativo.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado