Incoherencia en la política de seguridad

El anhelo por la seguridad ocupa un lugar prioritario entre las preocupaciones ciudadanas a nivel global. Y su utilización en el discurso político ha demostrado una indudable eficacia electoral. Chile no escapa de esta realidad, ha inclinado procesos electorales esperando precisamente respuestas en esta materia. Hace más de quince años, una campaña presidencial prometía acabar con la fiesta de los delincuentes. Sin embargo, el paso del tiempo dejó en evidencia que las promesas de mano dura no bastaron para contener la delincuencia ni para reducir la sensación de inseguridad que se instaló con fuerza en la ciudadanía.

En nuestra historia reciente, la persistencia de esta preocupación en las encuestas de opinión pública terminó por imponer una agenda distante de las prioridades programáticas originales del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Consecuencia de ello, el Congreso aprobó, bajo su mandato, más de 75 proyectos de ley en materia de seguridad pública. Leyes centradas principalmente en materias punitivas e institucionales, algunas aún en implementación y otras no exentas de críticas en su evaluación e impacto en materia de derechos humanos. Pese a la aprobación de este paquete de leyes, las expectativas ciudadanas no fueron satisfechas y la seguridad volvió a ocupar un lugar determinante en las preferencias de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2025.

Bajo una altísima expectativa, asumió el gobierno del Presidente José Antonio Kast, con un programa centrado en un despliegue territorial antiinmigración y reformas legales para el endurecimiento penal. Pero las primeras señales de su administración fueron confusas. La ministra de Seguridad designada dio cuenta, ante el Congreso, de que no había plan de seguridad propiamente tal. Lo que empujó su salida. El nuevo ministro anunció que daría continuidad a la política de seguridad del gobierno anterior, introduciendo ajustes y nuevas prioridades.

Posteriormente, se presenta la denominada agenda ACOT, que incluía una reforma constitucional ampliamente criticada por los riesgos democráticos de su contenido, entregando atribuciones sin precedentes a la autoridad presidencial bajo la creación de un Estado de Excepción nuevo. La controversia y falta de respaldo experto y político terminaron por provocar su retiro

Lo ocurrido los últimos meses ha sido particularmente paradójico. Mientras los fenómenos meteorológicos extremos vuelven a recordarnos que la seguridad de las personas también depende de una capacidad de respuesta del Estado no sólo frente a la delincuencia, el discurso gubernamental, centrado en responder al problema bajo la promesa de mano dura, entra en una tormenta.

En efecto, hemos visto a personas detenidas por amenazas en redes sociales contra autoridades, que abren preguntas legítimas sobre mecanismo de detección de estas conductas, cuál es la transparencia y proporcionalidad de la respuesta estatal. Al mismo tiempo, se conoció la dictación de decretos que redujeron condenas a responsables de delitos sexuales contra menores, crímenes de lesa humanidad, delitos vinculados al narcotráfico, y que terminaron con su liberación. A lo que se suma la negociación del Gobierno con organizaciones de camineros, que utilizan un mecanismo de protesta recientemente penalizado y reforzado por el Congreso. Decisiones difíciles de argumentar y conciliar con un discurso que ha pregonado sobre el endurecimiento penal como una de sus principales banderas.

Todos estos episodios plantean una reflexión necesaria: ¿Cuál es el criterio? Si bien los datos de tasa de delincuencia han ido bajando, el dato no ha matado el relato -como dice el actual ministro de Seguridad-, este sigue siendo que las personas se sienten cada vez más inseguras. Sin duda, el no cumplimiento de promesas, las expectativas y la falta de coherencia entre el discurso y las decisiones tomadas son un elemento trascendental en esta percepción.

Hoy, la ciudadanía sigue esperando una respuesta: una política de seguridad coherente, sólida, construida en democracia; que cuide a las personas y los entornos de los que dependen, con memoria de los riesgos, conocimiento de las comunidades y sus percepciones de riesgo, y que permita garantizar una sociedad segura para vivir en plena libertad y garantía de sus derechos.