El 6 de noviembre, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Los Lagos rechazó otras cuatro solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). Desde 2024, más del 80% de las solicitudes votadas han sido rechazadas: 21 de 26 votaciones a nivel nacional. ¿Qué está ocurriendo para que una ley destinada a reconocer derechos indígenas enfrente tanta resistencia?
La ley Lafkenche, aprobada en 2008, permite reconocer y proteger los usos tradicionales que los pueblos indígenas mantienen en el mar y sus costas. No les entrega espacios marinos en propiedad ni impide que otras actividades económicas se desarrollen. Busca proteger sus culturas, resguardando formas de vida, prácticas y conocimientos. También cumple un rol relevante en la conservación de la biodiversidad marina, lo que ha sido reconocido en la nueva ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Sin embargo, en los últimos años se ha instalado con fuerza la idea de que los ECMPO amenazan la inversión, el empleo y el desarrollo de las regiones australes. La industria salmonera y otros sectores productivos han promovido ese discurso, comparando las superficies solicitadas por comunidades indígenas con concesiones salmoneras o Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). Es una comparación engañosa y equivocada: a diferencia de las concesiones salmoneras y las AMERB, que otorgan derechos exclusivos para determinadas actividades, los ECMPO no privatizan el mar ni establecen un uso exclusivo.
En numerosas solicitudes de ECMPO, las comunidades indígenas han dedicado años a construir acuerdos con pescadores artesanales, mitilicultores y otros actores locales para compatibilizar los distintos usos del mar. Es el caso de Yaldad, en Chiloé, donde, pese a ese largo proceso de diálogo y articulación territorial, la solicitud fue rechazada en agosto pasado. Una sola votación puede dejar sin reconocimiento años de trabajo colectivo y acuerdos construidos entre quienes comparten un mismo maritorio.
La ofensiva contra la ley Lafkenche escaló al Congreso. El 3 de noviembre, apenas tres días antes de los nuevos rechazos en Los Lagos, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó -por 78 votos a favor, 46 en contra y 9 abstenciones- una resolución solicitando al Presidente de la República presentar un proyecto para derogarla. Entre quienes la respaldaron estuvo el diputado Mauro González, quien también llamó públicamente a rechazar nuevas solicitudes mientras no se modificara la legislación.
Por su parte, el Ejecutivo prepara una reforma de ley. El 2 de noviembre, la Subsecretaría de Pesca adjudicó una consultoría para preparar la consulta indígena sobre modificaciones a la normativa que regula los ECMPO. Discutir cambios legales es legítimo, pero eso no puede justificar que se deje de aplicar una ley vigente. Las instituciones tienen el deber de evaluar cada solicitud en su propio mérito, fundamentar sus decisiones y procurar la armonización de los distintos usos del mar.
Desde el Observatorio Ciudadano venimos advirtiendo sobre cómo ha ido avanzando la captura corporativa de las decisiones públicas en el borde costero. La industria salmonera tiene un enorme peso económico y político en Los Lagos, Aysén y Magallanes, y sus intereses se presentan muchas veces como si representaran los de todos los habitantes de esas regiones. Los rechazos sistemáticos de ECMPO y las recientes iniciativas políticas contra la ley Lafkenche profundizan esta preocupación. La participación empresarial en el debate es legítima, pero ninguna industria puede definir por sí sola qué se entiende por desarrollo ni qué derechos merecen ser reconocidos. El Estado debe garantizar derechos y resguardar el bien común, no presentar los intereses particulares de una industria como si representaran el interés general.
En el fondo, esta controversia revela un problema más profundo. Los límites de un modelo que durante décadas ha medido el desarrollo por la producción, las inversiones y las exportaciones, sin preguntarse cómo se distribuyen sus beneficios ni quiénes asumen sus costos, no solo económicos, también ambientales, sociales y culturales. Los pueblos indígenas y las comunidades locales no se oponen necesariamente a las actividades productivas, sino a que estas se impongan sobre sus derechos, sus formas de vida y los ecosistemas de los que dependen.
La discusión va mucho más allá de la ley Lafkenche. ¿Son los derechos indígenas un obstáculo para el desarrollo, o es el modelo de desarrollo predominante el que sigue siendo incapaz de reconocer los derechos, las culturas, la biodiversidad y la participación de quienes habitan los territorios?
Reconocer estos derechos no significa renunciar al desarrollo, sino transformar la manera de concebirlo y construirlo, con una distribución más justa de sus beneficios, sus costos y, sobre todo, del poder de decidir sobre el presente y el futuro de los territorios.