PISA 2025: un problema ético, no solo pedagógico
Los resultados de PISA 2025 han vuelto a instalar una preocupación conocida: una proporción importante de estudiantes chilenos no alcanza niveles básicos de desempeño en lectura y matemática. Las reacciones han oscilado entre la alarma, la decepción y el llamado a redoblar esfuerzos para mejorar los aprendizajes. Sin embargo, hay una dimensión menos discutida que merece atención: esta situación no constituye solamente un problema pedagógico. Es también un problema ético.
Con frecuencia hablamos de la enseñanza escolar en términos de inversión, cobertura curricular, puntajes y procesos de admisión. Pero rara vez nos preguntamos para qué existe la escuela. Si una sociedad decide invertir enormes recursos en un sistema escolar, es porque considera que hay bienes valiosos que todos deberían alcanzar, tales como capacidades y conocimientos claves, comprender el mundo, desarrollar el juicio propio, participar en la vida común y ampliar sus posibilidades de realización personal. Por eso, cuando miles de estudiantes no logran aprendizajes fundamentales, lo que fracasa no es únicamente una medición; se pone en cuestión la capacidad del sistema, de la escuela y sus profesionales para cumplir su propósito más básico.
Durante años hemos repetido que la educación es la principal herramienta de movilidad social. Pero esa afirmación solo tiene sentido si los estudiantes efectivamente aprenden. La escolarización no consiste simplemente en permanecer doce años dentro de un establecimiento. Su legitimidad descansa en la promesa de ofrecer oportunidades reales de acceso al conocimiento y a la cultura. Cuando más de la mitad de los estudiantes presentan dificultades importantes en comprensión lectora, estamos frente a una brecha que limita su autonomía futura, su participación ciudadana y sus posibilidades de desarrollo personal y social.
También es un problema ético porque más allá de la escuela, la educación es una tarea colectiva. La enseñanza no depende únicamente del esfuerzo individual de los estudiantes ni de la vocación de los profesores. Los resultados reflejan decisiones acumuladas de familias, escuelas, universidades, sostenedores y autoridades. La pregunta incómoda que plantean los resultados de PISA es si seguimos compartiendo con suficiente claridad el objetivo de garantizar aprendizajes relevantes para todos los estudiantes.
Como sabemos, toda elección tiene consecuencias. También las tienen las decisiones de política educativa. Priorizar ciertos objetivos sobre otros, postergar determinados problemas o aceptar niveles persistentes de rezago académico produce efectos concretos en las trayectorias de vida de las personas. Ningún resultado educativo aparece por casualidad. Detrás de cada cifra existe una historia acumulada de decisiones individuales y colectivas, como también de conflictos entre adultos que perjudican a las nuevas generaciones.
Por eso la discusión no debería centrarse únicamente en cómo mejorar los próximos puntajes internacionales. La pregunta ética es más profunda: ¿qué les debemos a nuestros escolares? Si creemos que la buena educación es una condición para la ciudadanía, el trabajo digno y el desarrollo del país, entonces asegurar aprendizajes claves no puede ser una aspiración reactiva ni un indicador más entre otros. Es una responsabilidad moral, y por tanto trasciende y se subordina a los intereses de nuestros bandos políticos e intereses privados.
Los resultados de PISA 2025 nos recuerdan algo fundamental: cuando una sociedad no logra que una parte importante de sus niños(as) y jóvenes aprenda, no solo fracasa una política pública. También se debilita una promesa de justicia, desarrollo humano y futuro.