El peor apagón de la historia

Ana María Bravo Castro

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Hace una semana vivimos un episodio crítico con el corte masivo del suministro eléctrico que afectó a más de 175 mil clientes en la Región de Los Ríos, y gran parte del país, obligando al Gobierno a decretar el estado de excepción y un toque de queda nocturno. Desde este lamentable episodio los inconvenientes no han cesado y hasta el lunes se registraba un nuevo corte que dejó a 68.000 hogares sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana.

Este corte masivo deja al descubierto las falencias que existen en materia regulatoria y la libertad que tienen las empresas eléctricas de vulnerar las normas, produciendo diversas consecuencias económicas, sociales, sanitarias y de seguridad. No podemos tolerar que por negligencia de estas empresas se afecte la vida de la gente, quienes sienten cada vez más inseguridad ante estos acontecimientos.

En la última encuesta Cadem, publicada el primer domingo de marzo, 50% de los consultados admitió haber sentido "angustia o miedo" el día del apagón, mientras que 42% reconoció estar "poco o nada preparado" para enfrentar la emergencia. Recordemos que el corte no fue solo del suministro eléctrico, sino que también afectó a las telecomunicaciones, dejando a familias completamente desconectadas.

Estos hechos no pueden quedar impunes, más aún cuando en nuestra región constantemente evidenciamos problemas con el suministro eléctrico y las telecomunicaciones. En este caso puntual, el apagón se debió a una falla de la empresa ISA InterChile, debido a una activación "no deseada" de sus esquemas de protección. Lo cierto, es que aparte de la caída del sistema, el apagón provocó la lamentable muerte de tres pacientes electrodependientes.

Es labor del Estado investigar y hacer valer las responsabilidades, ya que en estos días hemos visto cómo se echan la culpa los unos a los otros y en cada una de las fases del problema: la falla como tal, la respuesta frente a ella y el tiempo de reposición del servicio. También debemos plantearnos actualizar la legislación para evitar que este tipo de desastres se sigan repitiendo y afectando a las personas.