La banalidad del mal y el sufrimiento en Gaza

Nelson Hadad Heresy

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^{Coescrita con Rodolfo Marcone-Lo Presti, abogado y doctorando en Filosofía del Derecho}

Desde hace un año somos testigos de la más cruenta de las masacres de este último siglo, como es el genocidio que se desarrolla en Gaza, a vista y paciencia de la comunidad internacional. Nos duelen las muertes de niñas, niños, mujeres y ancianos y la sangre derramada en los territorios palestinos ocupados.

La filósofa judía alemana Hannah Arendt desarrolló el concepto de la "banalidad del mal" para describir cómo individuos comunes, como soldados de un ejército, pueden participar en actos atroces y abominables, sin ser conscientes o cuestionar la magnitud de sus acciones, lo que se manifiesta en una suerte de mecanización de la maldad; o mejor dicho una insensibilidad moral que anula todo reproche. Este concepto, que surge en el análisis del nazismo, encuentra una resonancia inquietante en la invasión de Israel a Gaza, y, aún más, en la incapacidad del derecho internacional y del sistema de Naciones Unidas -destinado a preservar la paz y seguridad internacionales- para poner fin de inmediato a la masacre en el territorio ocupado del Estado de Palestina.

El Estado de Israel, en su respuesta al atentado perpetrado por Hamas, ha desatado un castigo colectivo sobre la población civil y una guerra de exterminio en Gaza, dejando una estela de muerte y sufrimiento que afecta gravemente al pueblo palestino. No existe un derecho a la guerra por venganza, en conformidad al Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos, las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977. De existir, sería una aberración.

Israel encarna, en diferentes formas, esta banalización del mal, pues perpetúa un ciclo de violencia que deshumaniza a las víctimas y trivializa a la justicia. A ello se suma la pasividad -o, en algunos casos, la complicidad- de actores internacionales como algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuya capacidad de acción se ve anulada por el recurrente veto de Estados Unidos a cualquier resolución que afecte a Israel en favor del pueblo palestino y su derecho a la autodeterminación y a establecer su Estado soberano e independiente. Este bloqueo socava gravemente la legitimidad de dicho órgano y pone de relieve una crisis moral y política en el seno del sistema internacional.

En este contexto, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional están llamadas a demostrar su efectividad y razón de ser. Sin embargo, ambas instituciones se encuentran bajo la presión de las potencias occidentales, cuya influencia socaba la independencia y la autonomía en su función jurisdiccional que deberían tener en la resolución de este conflicto.

Si el derecho internacional aspira a mantener su vigencia, debe reafirmar su compromiso con la justicia y la protección de los más vulnerables, un principio que se remonta a Francisco Suárez a las primeras intervenciones en favor de los pueblos indígenas, fundamentadas en la defensa de su vida y dignidad. Esta tradición, iniciada con los informes de derechos humanos del sacerdote Bartolomé de las Casas, constituye el pilar moral que hoy debe ser recuperado.

Como juristas comprometidos con la vigencia plena de los derechos humanos como valor universal, denunciamos los crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio que está perpetrándose en Gaza, y demandamos de la Corte Penal Internacional actuar conforme a su mandato establecido en el Estatuto de Roma. Nos enfrentamos a una dictadura del relativismo moral que os la base para expandir la banalidad del mal, impuesta por las grandes potencias, que prefieren ignorar las masacres en Gaza y, ahora, en el Líbano.

Israel y Palestina tienen fronteras definidas desde la resolución de partición N° 181 de Naciones Unidas, de 1947, y es fundamental que se respeten. Asimismo, es imperativo que Naciones Unidas asuma su responsabilidad jurídica, política y ética para exigir una solución pacífica basada en la visión binacional que prevé dos estados soberanos e independientes: Palestina e Israel, conviviendo en paz y buena vecindad, en las fronteras previas a la guerra de 1967, seguras y reconocidas internacionalmente. Ello, implica el término inmediato de la ocupación militar israelí de los Territorios Palestinos, que incluyen Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental y el fin de los asentamientos de colonos israelíes que alcanzan a 750.000 y su inmediata evacuación, el fin de las confiscaciones de las propiedades palestinas, las expulsiones de sus tierras ancestrales, el apartheid, la limpieza étnica y la violencia de los colonos armados del sionismo radical que tienen secuestrado al Estado de Israel e iniciar con el patrocinio de Naciones Unidas la convocatoria a una Conferencia Internacional de Paz para el logro de un acuerdo justo y duradero que ponga término a este largo y doloroso conflicto. Para ello EE.UU. y los países europeos deben poner fin a la entrega de armamento a Israel a fin de impedir la continuación de la violencia y destrucción que es capaz de sembrar.

Hoy, más que nunca, el derecho internacional debe recuperar su sentido de defensa de la humanidad, de compasión y de protección de la dignidad del pueblo palestino. Sin ello, su razón de ser se desvanecerá en la banalidad del mal que estamos presenciando, con la vulneración de los principios civilizatorios básicos de la convivencia humana. En Gaza se juega el futuro de la humanidad.