Acceso a la Justicia como derecho humano

José Tomás Méndez

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“Una de las tareas es que la gente sienta que si tiene conflictos y controversias, tiene una forma fácil de solucionarlos. Que el ciudadano de a pie sienta que va a tener un acceso fácil a la justicia.” Señala el futuro ministro de Justicia Hernán Larraín, en su entrevista del El Mercurio del domingo pasado.

En efecto, el ciudadano de a pie, siente que nuestro sistema de justicia no es capaz de solucionar sus problemas en forma eficaz y menos de manera expedita. Además de ser muy costosa para la gran mayoría.

La Convención Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, el derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado estándares sobre el derecho, no solo a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales, sino que en cuanto al deber de cada Estado, a organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos. 

A tal efecto, los Estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia.

Dichos obstáculos, pasan por darle urgencia a la reforma procesal civil, en la que se termine con la carga que implica la contratación de receptores judiciales, equiparándole al que se aplica a la justicia laboral, estableciendo aranceles uniformes para peritos y árbitros, en tablas similares a las de los liquidadores y veedores, de la ley de insolvencia y reemprendimiento.

Ahondar la aplicación de la justicia vecinal, como instancia cercana y accesible de resolución de conflictos de menor cuantía pero de alto impacto, mejorando la implementación en aquellas comunas en que se desarrolló como plan piloto, así como también implementarla en forma gradual en el resto del país.

Sin duda de acuerdo al plan de gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y por lo señalado por el futuro Ministro Hernán Larraín, hay esperanza de que se avance en materia de acceso a la justicia, que la transforme en una justicia mucho más inclusiva y cercana a los ciudadanos.