Justicia penal
Para un país que se precia de vivir en una democracia sólida, la justicia ha de primar en todas las áreas de la convivencia nacional. Así mismo, las distintas instituciones deben ejercer su labor, conforme a su objetivo, sin presiones de ninguna índole.
Consecuente con lo anterior, me parece que el próximo dictamen del juez - en el caso Ámbar - debe esclarecer la verdad sobre el crimen de Hugo Bustamante.
Es de toda justicia que se investigue de manera acuciosa la responsabilidad penal que le cabe al imputado. Condenarlo como un hecho criminal a secas, sin hacer un esfuerzo e indagar con las ciencias respectivas la voluntad libre y soberana ante un hecho tan deleznable, nos empequeñece y nos hace retroceder como sociedad.
Actuar bajo influjo de orden psiquiátrico profundo y sancionar acorde a ello, es propio de un país justo. Ante hechos criminales tan aberrantes siempre habrá que preguntarse “¿será imputable quien cometió el delito?”
No se está señalando en caso de ser inimputable, libertad y despreocupación del sujeto. Lo que debe buscarse es que emerja, si así corresponde, de manera meridiana, la culpabilidad ética y moral del imputado o, en su defecto, la determinación judicial con pruebas suficientes, para el debido tratamiento médico.
Cualquier condena de privación de libertad para una persona con desequilibrio mental, sólo conducirá a profundizar mayor riesgo e inseguridad hacia la comunidad.
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