La batalla democrática contra la delincuencia

A propósito del alza de los denuncias por delitos de alta connotación social se ha reabierto el debate acerca de la debilidad de la institucionalidad chilena en orden a procesar, castigar y encarcelar a los delincuentes.

Lamentablemente parece que se nos vuelve a olvidar que fracasaremos si no atacamos las causas sociales de la delincuencia, quedándonos sólo en su penalización. Por ello es bueno recordar que la experiencia latinoamericana y norteamericana de las dos últimas décadas parece sugerir que debemos ser duros con los delincuentes y más duros aún con las causas sociales de la delincuencia.

Esperemos que ello no se nos olvide; especialmente cuando el 8 de diciembre se cumple un año del horrible incendio de la torre de la cárcel de San Miguel que dejó 81 internos muertos.

Partamos por decir que la delincuencia es un problema gravísimo y que su combate es un imperativo central del estado democrático de derecho.

El Informe de la OEA-PNUD “Nuestra democracia” señala que los dos principales flagelos de la democracia latinoamericana son la delincuencia y las desigualdades. Por cierto, ambos flagelos van, en nuestro caso, de la mano.

Cada año, cerca de 200 millones de latinoamericanos y caribeños — un tercio de la población total de la región— son víctimas, directamente o en su núcleo familiar, de algún acto delictivo.

Peor aún, el 27% de los homicidios dolosos que ocurren en el mundo tiene lugar en América Latina.

Por otro lado, se presume que más de 50% de los secuestros extorsivos del mundo ocurren en América Latina. En Caracas se producen 133 asesinatos por cada cien mil habitantes. Es bueno recordar, para no caer en alarmismos fáciles, que en Santiago de Chile el promedio es de seis homicidios por cada cien mil habitantes.

Esto es especialmente grave en nuestro continente que vive, desde 1979, un proceso exitoso de redemocratización.

En efecto, en primer lugar, delincuencia y narcotráfico deterioran agudamente la legitimidad de nuestras instituciones democráticas y alientan discursos y prácticas autoritarias para combatir este flagelo.

En segundo lugar, bandas homicidas, guerrilleros y narcotraficantes altamente organizados impulsan a la policía y a las fuerzas armadas a empezar a realizar acciones extra o abiertamente anti institucionales y en tercer lugar, la ciudadanía deja de recurrir al poder judicial y al orden público; se empieza a tolerar el delito; surgen barrios y guardias privados e, incluso, aparecen formas extremas de “justicia por mano propia”.

Si el costo político es alto, no lo es menos el económico. Se han realizado distintos cálculos del impacto económico de la violencia delictiva en 12.1% del PIB total del subcontinente (unos 250 mil millones de dólares).

Otros, para América Central lo han estimado en 7.7% del Pib (desde 10.8% de la producción nacional en el caso de El Salvador hasta 3.6% en Costa Rica).

Nuevamente señalemos que en el caso chileno no estamos ni cerca de llegar a estos niveles. El Instituto Libertad y Desarrollo calculó que estamos gastamos en el combate contra la delincuencia un 2,2% del PIB. Es el doble que hace una década atrás. A pesar que la forma de calcular esta cifra ha sido objeto de controversia nos da un orden de magnitud del costo involucrado. Es el doble.

Una reacción obvia es creer que el incremento de la delincuencia se debe a la disminución de las sanciones criminales.

Francis Fukuyama cita a Gary Becker quien señaló que cuando “los beneficios del delito aumentan, o los costos de los mismos (en términos de castigo) bajan, se cometerá una mayor cantidad de delitos y viceversa”.

Dick Morris y Luis Rosales sostienen que Estados Unidos logró que menos del cinco por ciento de los norteamericanos sostengan hoy que el principal problema de su país es la delincuencia – cosa que creían a fines de los años sesenta - gracias a un método muy simple: duplicó la población carcelaria.

De casi un millón de presos que había a comienzos de los años ochenta se subió a dos millones. “Con el doble de delincuentes en prisión, ¡el crimen se redujo a la mitad!”

Se calculan además siete millones de personas en libertad condicional o vigilada.Para ello se impusieron sentencias obligatorias a los criminales reincidentes; se aprobaron masivas partidas para construir prisiones; se aplicaron tácticas policiales novedosas como la “tolerancia cero”; se aplicó un mayor seguimiento y control de los delincuentes en libertad condicional y se incrementó en una década en un 20% la fuerza policial.

Una política como la descrita es especialmente cuestionable. Pues una política tan eficaz como humanista debe ser dura con los delincuentes, pero especialmente con las causas sociales de la delincuencia.

A este respecto la CEPAL concluía en 1997 que factores de riesgo de la violencia urbana son: a) Desigualdad de ingreso urbano. Entre más alta, mayor riesgo; b) Pobreza en los hogares urbanos; c) Tasas de desempleo abierto urbano; d) Porcentaje de jóvenes urbanos de 13 a 17 años que no estudian ni trabajan; y e) Déficit educacional: porcentaje de niños urbanos de 14 ó 15 años que no han completado seis años de estudio.

La deserción, la repetición y el terminar estudios básicos y medios sin encontrar trabajo aumentan obviamente el tiempo perdido, la frustración y la desesperación. Y a veces esos jóvenes varones botan su agresividad con violencia.

Los norteamericanos han demostrado hasta la saciedad que existe también una correlación fuerte entre destrucción del vínculo familiar y delincuencia. Los jóvenes que llegan a los centros de detención provienen en un 70% de hogares sin padre. Cuando el niño de edad temprana no ve valores ni ejemplos de conductas acordes con la moralidad y la sociabilidad, en momentos difíciles de su vida no tendrá pautas claras a las que atenerse. Estudios latinoamericanos van en esta misma dirección.

Por eso la vía exclusiva o preferente de la penalización y encarcelación es injusta pues se tiende a “criminalizar la pobreza”. El psicólogo del Hogar de Cristo Paulo Egenau nos da algunas pistas. Tras la aplicación de las políticas que Morris y Rosales defienden en Estados Unidos con 300 millones de habitantes, tenía 1.800.000 personas encarceladas.

La Unión Europea, con 370 millones de habitantes, tenía una población penitenciaria de sólo 300.000 personas. Mantener tamaña población penitenciaria le significa a Estados Unidos 31 billones de dólares. Más de lo que destina todo el presupuesto federal para el bienestar social de 8,5 millones de pobres. Y, por supuesto, los presos son mayoritariamente jóvenes negros y latinos.

En 1998 había 193 presos blancos por cada 100.000 blancos; 688 hispanos presos por cada 100.000 hispanos y 1571 negros presos por cada 100.000 negros. Como se ve el encarcelamiento afecta sobre todo a jóvenes, varones, pobres, extranjeros e indígenas. Y los que salen de la cárcel vuelven a reincidir en un porcentaje abrumador.

Como lo ha sostenido Joseph Stiglitz es mucho más barato y eficaz invertir en becas de estudio que en cárceles para los jóvenes. Además, este método acerca peligrosamente la democracia a la autocracia.

Esto nos enseña que la delincuencia sólo se puede combatir con una firme decisión social que ataque tanto sus efectos como sus causas. En caso contrario, todas nuestras medidas punitivas serán, a corto plazo, tan ineficaces como injustas, pues muchas veces terminaremos sancionando al joven al cual no le dimos ninguna oportunidad de acceder a una vida digna.

Por ello se requiere el aumento en la inversión en educación, salud pública, vivienda y oportunidades para la juventud. A ello deben sumarse los esfuerzos en el área de salud pública para fortalecer la prevención del consumo y el tratamiento de las personas en situación de adicción.

Se debe propiciar una profunda revisión de las políticas antidrogas en el principal mercado consumidor del mundo, Estados Unidos de América, hasta ahora casi exclusivamente centradas en el control de la oferta por mecanismos represivos.

Para finalizar, volvamos a Chile. Si el 2000 teníamos 25.137 personas privadas de libertad, el 2007 llegamos a las 43.723. Hoy gastamos más del doble en seguridad ciudadana que hace diez años. Unos 4 mil quinientos millones de dólares. Por cierto, gracias a ello, a otros importantes procesos como la reforma procesal penal y la modernización y fortalecimiento de las policías, crecimiento económico y políticas sociales hemos avanzado en el combate a la delincuencia.

Así lo demostró la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. El porcentaje de hogares victimizados era de un 43% el 2003 y el 2010 fue de un 28,2%. Sin embargo, la última encuesta CEP también revela que nos sentimos igual de inseguros que al final del gobierno de don Patricio Aylwin. Los datos dados a conocer por el ministerio del Interior nos muestran que esa percepción no anda equivocada.

Por ello, es un error creer que para combatir la delincuencia basta con fiscales que persigan más fieramente a los acusados de delinquir y con jueces que abarroten nuestras cárceles.

En suma, y por otras razones, no se equivoca El Mercurio de este domingo cuando señala que con una guerrilla verbal entre el ministerio del Interior, el Fiscal Nacional y el Presidente de la Corte Suprema no avanzaremos mucho en la tarea de la seguridad pública.