No sólo Til Til tiene una pena, sino también comunas como Lampa, Padre Hurtado y muchas otras a lo largo del país que actualmente alojan proyectos de inversión públicos y privados que provocan impactos ambientales profundos en la salud de las personas y otros ámbitos que compromete la calidad de vida de las comunidades. Casos como los de Freirina y la faenadora de cerdos de Agrosuper, Alto del Carmen y la minera Barrick Gold (y su nefasto vínculo con los glaciares cordilleranos), Valdivia y la muerte de los cisnes de cuello negro por la contaminación de CELCO en el río cruces son sólo algunos de esos tristemente célebres reportes, pero en este historial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su mapa de conflictos socioambientales entrega una lista de 97 casos al año sólo al año 2011.
Lo más llamativo de esta situación es que a partir del diseño y ejecución de política pública referida a la evaluación del impacto ambiental, todos cumplen con las normativas requeridas por los diversos servicios que se encuentran dispuestos para evaluación. Y otra cosa muy importante que se encuentra asociada con esta dimensión de impacto, son las mitigaciones y compensaciones que se institucionalizan.
Entiéndase por mitigaciones las reparaciones directa al medio (donde se elimina una lagartija, se le repone con otra, así con los árboles y otros) y por compensaciones aquellas acciones referidas a los remediales a las comunidades por las molestias por la ejecución y operación del proyecto (pinturas para las sedes sociales, equipos de computación, asistencia social donde se aplica la Responsabilidad Social Empresarial externa en plenitud). Ambas, demostradamente muy menores respecto de los efectos que provocan los proyectos.
En este sentido, la innovación más profunda, en cuanto política pública/Estado es la creación del ministerio del Medio Ambiente, junto con el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Tribunal Ambiental, donde se supone que la comunidad tendrá más oportunidades para revelarse en sus circunstancias de vulneración ambiental y de vida.
Til Til, hoy se homologa a lo que fue Freirina y otros territorios, sólo que la comuna donde fue ultimado el guerrillero Manuel Rodríguez, concentra multivariados pasivos ambientales, cuestión que permite constatar cómo la actual institucionalidad ambiental no fue capaz de imponer el principio de equidad territorial, como tampoco, el de cuidado del medio ambiente.
Muy por el contrario se encuentra vigente el antiprincipio moral y ético de la injusticia ambiental, no sólo hecho carne por los mecanismos de Evaluación Ambiental, sino que también en los planes de Ordenamiento Territorial a escala regional, lo que también compromete la función y acción del Gobierno Regional.
Este caso, como varios otros, se encuentran a contrapelo de los resultados del Proceso Constituyente en su expresión local, regional y nacional, donde el componente “cuidado al medio ambiente/naturaleza” se erige entre los prioritarios en cuanto valor/principio. A ello, se suman todas las otras manifestaciones provenientes de la sociedad civil organizada en defensa al medio, las cuales regularmente dejan rastro ante la conflictividad socioambiental que logran.
Til Til, que varias penas tiene, nos recuerda de la necesidad de una virtuosa relación entre un “bien logrado principio de equidad territorial y justicia ambiental”, para el logro, entre otras consideraciones de mitigaciones y compensaciones adecuadas en las denominadas “zonas de sacrificio”.
También, cómo se logran mayores grados de descentralización para que desde lo local y regional se entreguen más herramientas y presupuesto para que gobiernos locales y regionales como también comunidades locales/regionales, se integren más asertivamente en la detección de impactos ambientales, o bien, decretar la inviabilidad de proyectos atentatorios contra el medio ambiente y la salud de las personas.
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