Canal cultural y proceso constituyente

La creación de una señal de televisión cultural abierta y sin publicidad fue, sin duda, uno de los anuncios más sorpresivos de la Presidenta Michelle Bachelet durante la cuenta pública. Las características que tendrá este nuevo canal vienen a significar un quiebre en la política comunicacional sostenida por los gobiernos del período posterior a la dictadura. Desde 1990, la política de los consensos se expresó - entre muchos otros ámbitos- en la televisión estatal, con un modelo híbrido consistente en un  gobierno corporativo binominal con financiamiento exclusivamente proveniente del mercado.

Pese a que no están  claros aún los detalles de la apuesta, los componentes del anuncio dan cuenta de un cambio en la concepción sobre las comunicaciones masivas, hasta hoy un bien de consumo más, producido la más de las veces por una poderosa minoría. La mención de que el nuevo canal no tendrá publicidad contiene implícita una crítica al resultado, en términos de la calidad y de aporte a la democracia, de la sujeción de la televisión - incluida aquella de propiedad estatal- a intereses económicos privados.

Implica también un reconocimiento a la existencia de un interés público que debe satisfacer la televisión y que no ha hecho por largas décadas y, desde luego, la necesidad de democratizar el acceso a los bienes culturales.

El nuevo canal cultural y educativo será un gran avance. Pero no será suficiente para abordar los desafíos políticos que vienen. El gobierno tiene otros  compromisos en materia de libertad de expresión cuyo incumplimiento conspira contra el éxito de las reformas y, en particular, contra el desarrollo del proceso constituyente. El programa de Michelle Bachelet asumió que el pluralismo informativo es una deuda de la democracia. Para enfrentar el control oligopólico de los medios de comunicación el programa prevé el establecimiento de límites a la concentración de la propiedad, la apertura del espectro radioeléctrico y una distribución distinta del avisaje estatal.

El 21 de mayo del año pasado, la cuenta del ministerio Secretaría General de Gobierno - que tiene a su cargo las  políticas relativas a libertad de expresión- comprometió la elaboración de proyectos de ley sobre tres materias mencionadas para el período que va de mayo de 2014 a mayo de 2015. Como es evidente, nada de eso se cumplió. En lo que parece ser una negativa señal, la cuenta de la misma cartera, publicada este 21 de mayo, no menciona ninguno de estos compromisos programáticos.

Uno de los flancos más débiles del actual gobierno es el campo comunicacional. La experiencia enseña -no a todos al parecer- que emprender reformas  bajo fuego nutrido de la inmensa mayoría de los medios no es una tarea fácil.

Las intensas campañas mediáticas desplegadas contra la reforma educacional, la reforma laboral y, en suma, contra el programa de gobierno, dificultan gravemente el acceso a información plural y el diálogo con la ciudadanía. No se requieren poderes adivinatorios para prever la férrea resistencia a un proceso constituyente en que participen las mayorías nacionales.

Sin duda, tomar la iniciativa para enfrentar el problema de la concentración de la propiedad de los medios requiere una voluntad excepcional y, por qué no decirlo, coraje. Pero antes que eso, es imperativo asumir que se trata un problema político que no solo impacta a un gobierno en particular, sino que a la esencia del sistema democrático.