Sin comunicaciones democráticas no habrá nuevo ciclo político

Decíamos antes de que asumiera el actual Gobierno que, para construir un nuevo ciclo político en la historia de nuestro país es necesario asumir que las comunicaciones son materia de políticas sustantivas y no adjetivas, como ya lo habían sido en la mayor parte de los gobiernos de la Concertación. Y las políticas sustantivas se tratan en el “primer tiempo” del período.

Es del todo inconveniente la postergación para un “segundo tiempo” de los desafíos político-comunicacionales del “nuevo ciclo”.

Lo demuestran los recientes episodios comunicativos y políticos, los bombazos, el rechazo a la reforma educacional, el “conflicto” en La Araucanía, que le permitieron a la Derecha instalar una "sensación térmica" de una incipiente y experimental campaña del terror, puesto en la pauta por el titular “El Regreso del Temor” del tabloide matutino de El Mercurio, a propósito de la explosión en la Estación del Metro Escuela Militar.

Lo mismo ha ocurrido con las exageraciones propagandísticas de los defensores del lucro y la segregación en la educación – hago expresa excepción de posturas divergentes y propositivas, serias y atendibles, como la de la Iglesia Católica y otros sectores de responsabilidad social - y con las constantes invocaciones para aplicarle la Ley Antiterrorista a los comuneros indígenas.

El sistema-oposición, es decir, los conglomerados político-económicos mandantes y sus medios políticos y comunicativos ejecutantes, tuvo la ocasión de ensayar sus capacidades y recursos en la perspectiva de detener, o a lo menos bajarle la velocidad al proceso de reformas del programa de la Presidenta Bachelet, aprovechando esas carencias sistémicas y operacionales en las comunicaciones del gobierno.

Hay que hacer verbo ahora el programa de gobierno de la Presidenta electa Michelle Bachelet, cuando dice que “una ley determinará los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, tanto mono-medial como multimedial, así como la apertura plural del espectro radioeléctrico, y la distribución del avisaje público, de modo de garantizar el pluralismo informativo y el libre acceso a la información.”

Esta medida, por sí sola, patentiza con meridiana claridad la convicción de la Mandataria acerca de la necesidad de re-barajar los naipes en la industria de la información y la comunicación.

Muy cercanas a esa postura transformadora están las propuestas que los periodistas chilenos hemos formulado desde nuestra trayectoria gremial y profesional.

Nos parece necesario consagrar en la Nueva Constitución Política de Chile el Derecho a la Información y a la Comunicación, garantizado por el Estado y que este derecho sea regulado a través de una Ley Orgánica Constitucional de la Comunicación Social.

Proponemos que se reconozcan y se promuevan tres áreas de la comunicación social: la Pública, la Ciudadana y la Privada, con criterio de fomento y aumentando sustancialmente el Fondo de Medios Regionales, orientado a la creación de empresas ciudadanas de comunicación.

En cuanto a la Televisión Digital, proponemos construir la carretera-transportadora pública de la señal de TV Digital, administrada por Televisión Nacional o por un ente público, para que los canales ciudadanos puedan transmitir a todo Chile.

Dejemos bien claro que el nuevo ciclo político chileno sólo será posible si se democratizan las comunicaciones y se regula con sentido de bien común la industria del sector.