Una nueva Aurora comunicativa para Chile

Chile necesita que su Estado garantice el Derecho a la Comunicación y a la Información de la ciudadanía y, también, un Colegio de Periodistas potente, empoderado de su misión profesional de tutelar la calidad y la veracidad de la noticia.

En un país “desordenado” como el nuestro hay que poner las cosas en su lugar. ¿Cómo es posible que se legisle primero para las empresas (autodenominadas como “medios” para santificar el negocio), después para los profesionales y si queda algo, para la ciudadanía? ¿No debiera ser exactamente al revés?

En su último Congreso Nacional del 2012, representantes de los periodistas de todo Chile se reunieron en la inter-comuna de Talcahuano, Hualpén y Concepción después de un proceso de Asambleas reflexivas que involucró a sus 17 Consejos regionales desde Arica hasta Magallanes.

El retorno de la tuición ética del Periodismo a la Orden Profesional y la consiguiente recuperación del carácter de Corporación de Derecho Público fueron los dos acuerdos más importantes reafirmados por los colegas en ese evento que contó con la generosa hospitalidad de los informadores de la Región del Bío Bío.

Ese mismo año, en el Día Internacional de la Libertad de Expresión, el Colegio de Periodistas, el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, ICEI, y la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados efectuaron el Primer Seminario Internacional sobre el derecho a la Información y la Defensoría de Audiencias en una de los espacios más representativos de la democracia chilena, la Sala de Sesiones de la Cámara Baja del ex Congreso Nacional.

La atomización de las normas legales sobre la Prensa, los medios y la Información y la falta de empoderamiento de la ciudadanía en sus derechos informativos fueron señalados como los obstáculos antidemocráticos más importantes a superar en el actual momento que vive Chile en el ámbito de las comunicaciones.

El orden justo y necesario para lograr el pleno goce del derecho a la comunicación y a la información debe poner en primer lugar a la ciudadanía, en segundo lugar a los periodistas y en tercer lugar a las empresas. Esta priorización debe inspirar todo proceso de cambios y de movilización en torno a la profundización de la democracia.

La tarea de hoy es construir junto a la ciudadanía, las empresas, los sindicatos, los profesionales, los académicos y los parlamentarios, una Nueva Ley General de Comunicaciones Sociales, que ponga fin a la dispersión de normas que sólo responden a intereses corporativos y económicos, que sitúe los derechos ciudadanos en su articulado principal, siguiendo el mandato de las Convenciones y Tratados internacionales que Chile ha suscrito. Por consiguiente, una agenda contundente y clara para la Mesa de Trabajo con el ministerio Secretaría General de Gobierno.

Además es el momento de cerrar filas con la Federación de Colegios Profesionales Universitarios que preside nuestro colega Marcelo Castillo Sibilla tras la iniciativa de agilizar el trámite del proyecto de Ley  que restituye a estas instituciones su carácter de corporaciones de derecho público, que regulan el comportamiento ético profesional, según lo acordado por la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, y la directiva de la Federación.

Es la oportunidad de abrir un nuevo ciclo, esta vez, con una nueva Aurora comunicativa para Chile.