¿A quién le incomoda que avancemos contra el crimen organizado?
La decisión del comité de senadores del PS, PPD y PL, de apartarme de la Comisión de Constitución, establece un precedente preocupante. Más allá de sus consecuencias personales, transmite una señal equivocada: en el Congreso, buscar acuerdos con quienes piensan distinto puede convertirse en motivo de sanción política. Es una situación difícil de comprender, especialmente cuando uno de nuestros principales deberes como parlamentarios es dialogar, superar las diferencias y encontrar soluciones a los problemas del país.
Lo ocurrido tampoco puede reducirse a una disputa interna entre partidos. Aquí está en juego la libertad que debe tener cada parlamentario para ejercer su criterio, defender sus convicciones y contribuir a la construcción de acuerdos, incluso cuando estos no coincidan plenamente con la posición de su sector político. Pretender imponer una disciplina que castigue cualquier diferencia no fortalece a los partidos. Solo empobrece el debate y termina subordinando las necesidades del país a las disputas internas.
Durante este tiempo he impulsado propuestas destinadas a entregar al Estado mejores herramientas para combatir el crimen organizado. Como ocurre con cualquier iniciativa legislativa, sus contenidos pueden ser debatidos, perfeccionados e incluso rechazados. Esa es precisamente la función del Congreso. Lo que no parece razonable es que, en lugar de discutir el mérito de esas propuestas, se termine sancionando a quien ha trabajado para construir los entendimientos necesarios que permitan avanzar en su tramitación.
Por eso, los senadores socialistas que adoptaron esta decisión tienen una explicación pendiente con la ciudadanía. ¿Qué les molesta de las propuestas para combatir el crimen organizado? ¿Por qué les incomoda que busquemos acuerdos para entregar al Estado mejores herramientas contra las organizaciones criminales?
Y hay una pregunta todavía más importante que no pueden seguir eludiendo: ¿A quién quieren proteger con estas decisiones? ¿A los ciudadanos que viven con miedo frente al avance de la delincuencia o a los intereses políticos de quienes prefieren que nada cambie, y que siguen pensando que la delincuencia y el crimen organizado son un invento de la prensa? Si tienen diferencias con las propuestas, que las expliquen y presenten sus alternativas. Pero que lo hagan de frente y con argumentos. Porque resulta inaceptable que, mientras el crimen organizado avanza, algunos estén más preocupados de castigar a quienes buscamos enfrentarlo que de asumir su responsabilidad ante el país.
Resulta especialmente contradictorio que, mientras prácticamente todos los sectores políticos coinciden en la necesidad de alcanzar grandes acuerdos en materia de seguridad, cuando esos entendimientos comienzan a tomar forma surjan resistencias desde los propios partidos que dicen promoverlos.
La ciudadanía espera que seamos capaces de dejar de lado nuestras diferencias cuando están en juego asuntos tan importantes como su seguridad. No que transformemos cada esfuerzo de colaboración en una nueva controversia política.
Entiendo que los partidos tienen derecho a establecer posiciones y exigir coherencia a quienes los representan. Pero también deben comprender que la lealtad partidaria no puede confundirse con una obediencia incondicional. Fui elegido para representar a la ciudadanía, legislar con responsabilidad y tomar decisiones conforme a mis convicciones. Eso implica escuchar a mi sector, pero también tener la independencia necesaria para buscar acuerdos cuando considero que son beneficiosos para Chile.
No me preocupa especialmente dejar de integrar una comisión. Lo que verdaderamente me inquieta es que las diferencias políticas terminen cerrando espacios de diálogo en materias donde el país necesita respuestas urgentes. El crimen organizado no distingue entre oficialismo y oposición, ni espera que los partidos resuelvan sus disputas internas para decidir qué hacen. Mientras nosotros discutimos, las organizaciones criminales continúan avanzando y afectando la tranquilidad de miles de familias.
Por eso, esta controversia no debiera centrarse en quién ocupa un determinado lugar dentro del Senado, sino en qué estamos dispuestos a hacer para enfrentar uno de los problemas más graves que vive Chile. Quienes discrepan de las propuestas tienen todo el derecho a hacerlo, pero deben presentar sus argumentos y alternativas. Lo que no resulta aceptable es reemplazar el debate legislativo por sanciones políticas.
Chile necesita una política capaz de construir acuerdos, especialmente cuando se trata de enfrentar al crimen organizado. Si buscar entendimientos con quienes piensan distinto se transforma en una falta, entonces el problema no está en quienes intentamos avanzar, el problema está en quienes han llegado a considerar el diálogo como una amenaza y no como una responsabilidad propia de la función parlamentaria.