Chile avanza al 2024 con una nueva Estrategia Nacional de Integridad Pública
Recientemente lanzamos la primera Estrategia Nacional de Integridad Pública. Esta política pública nos permitirá hacer frente -con más y mejores herramientas- a los casos surgidos, contar con un enfoque de largo plazo y una verdadera visión de Estado.
Ya hemos sido capaces de enfrentar a casos de corrupción, tomando medidas, haciendo que las instituciones cumplan sus funciones y apliquen sanciones, si corresponde. Pero reaccionar no es suficiente. Combatir la corrupción requiere innovación, un enfoque estratégico, basado en evidencia, coordinado y sostenible. Por ello las estrategias anticorrupción son promovidas por organismos internacionales y la OCDE considera este aspecto entre sus indicadores de integridad.
En esta estrategia participaron más de 60 instituciones, incluyendo no sólo a órganos de Gobierno, sino también a los demás poderes del Estado que intervienen en el ecosistema anticorrupción. Además, el trabajo se nutrió de la mirada ciudadana, con una consulta y diálogos sociales en los que escuchamos a personas de todas las regiones.
En este proceso se definieron los objetivos estratégicos con un horizonte de 10 años, en temáticas esenciales para una cultura de integridad: Función Pública; Transparencia; Recursos públicos; Política; y Sector Privado. Además, se establece un plan de acción de 210 medidas concretas para avanzar hacia el logro de dichos objetivos.
Tuvimos la oportunidad de presentar esta Estrategia en la Conferencia de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), instancia en que desde la OCDE se relevó nuestra estrategia como una de las mejores experiencias y modelo para otros países.
Paralelamente, se han logrado avances en la materia. Se convocó una Comisión Asesora Ministerial que emitió recomendaciones para mejorar la regulación de la relación del Estado con instituciones privadas sin fines de lucro, y elaboró propuestas que ya han comenzado a materializarse. Por ejemplo, se elevaron los estándares de transparencia y de control en las transferencias de recursos públicos en la ya aprobada Ley de Presupuestos 2024. También se promulgó una ley que moderniza las compras públicas, con más transparencia y probidad. Asimismo, se promulgó la Ley de Estatuto de Protección a Denunciantes, con un canal de denuncias protegido a cargo de la Contraloría General de la República.
A su vez, en el plano legislativo, en 2024 habrá importantes discusiones. Continuará la revisión del proyecto de integridad municipal y del que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno. Comenzará la discusión legislativa de un nuevo marco para regular el lobby y el ejercicio de influencia, y de un proyecto de ley de conflictos de intereses, incluyendo mejoras a la normativa sobre prevención del nepotismo y la regulación de "puerta giratoria", para prevenir conflictos de intereses en el tránsito del mundo público al privado y viceversa. Junto con ello, deberá discutirse el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales. Este proyecto permitirá prevenir y sancionar la corrupción junto a delitos de lavado de activos y crimen organizado, así como prevenir y sancionar la evasión y elusión tributaria.
Con todas estas iniciativas avanzaremos en la lucha contra la corrupción. Impulsarlas debe un esfuerzo de todas y todos. Contar con un país más íntegro requiere el compromiso vivo y transversal de las instituciones y personas, y hacer del trabajo coordinado una constante. Podemos hacerlo.
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