¿Gobierno bajo sospecha?
Hay decisiones presupuestarias que dicen bastante más que muchas declaraciones. El proyecto de Presupuesto 2027 dejó sin financiamiento las Becas TIC de Junaeb, continuidad de programas como "Yo elijo mi PC" y "Me conecto para aprender". Aunque el Gobierno abrió la puerta a discutir su restitución, el episodio obliga a recordar una promesa reiterada durante la campaña y posteriormente desde La Moneda: el ajuste fiscal no significaría recortar beneficios sociales.
Ningún programa público debiera quedar exento de evaluación. Discutir su impacto, focalización o incluso su continuidad es legítima. Pero evaluar una política para mejorarla es distinto a dejarla sin financiamiento. Y para una familia que no puede comprar un computador, este no es simplemente un dispositivo: es una herramienta de acceso a información, tareas y oportunidades educativas.
Esta discusión coincide con las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien anunció que se perseguirá la "viveza del chileno" en el acceso a la gratuidad universitaria. Habló de 80 mil beneficiarios que declaran vivir solos y cuestionó la proporción de hogares sin padre entre quienes reciben el beneficio.
Fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos es una obligación del Estado. Otra cosa es gobernar desde la desconfianza. Un hogar monoparental no constituye por sí mismo una anomalía, así como un joven que declara vivir solo no demuestra, por ese hecho, que esté engañando al Estado. Cuando esas realidades comienzan a presentarse bajo la idea de la "viveza", la fiscalización corre el riesgo de convertirse en sospecha sobre quienes reciben una política social.
Ahí aparece una señal que merece atención. El retiro de recursos destinados a determinados beneficios y un discurso que pone bajo sospecha a sus beneficiarios pueden expresar también una distancia frente a la realidad de los sectores más postergados. No se trata de renunciar a fiscalizar, sino de preguntarnos desde qué lugar el Estado está mirando a sus ciudadanos: como sujetos de derechos o como potenciales abusadores del sistema.
Durante la campaña se aseguró que el ajuste no afectaría derechos ni beneficios sociales. Hoy las decisiones presupuestarias y el lenguaje utilizado desde el Gobierno obligan a contrastar esas palabras con el ejercicio cotidiano del poder.
Quizás, entonces, antes de perseguir la "viveza del chileno", convendría preguntarse algo más profundo: ¿Es la ciudadanía la que debe estar permanentemente bajo sospecha o es el Gobierno el que debe demostrar que cumplirá aquello que prometió?