La "arista" Soquimich

La evolución del caso Penta, que mantiene en prisión preventiva a los principales controladores de ese enorme conglomerado económico, cuyos activos, según el periódico inglés The Guardián, alcanzan a varios miles de millones de dólares, ha instalado en el centro de la atención pública la llamada arista SQM, en referencia a esa también gigantesca empresa de la minería no metálica de nuestro país.

En este nuevo incidente, lo que se agrega a lo ya sabido, sería que la entrega de boletas "ideológicamente falsas" para el financiamiento irregular de campañas electorales no sólo habría ocurrido, como en la situación del grupo económico Penta, con candidaturas casi exclusivamente de la UDI sino que, se dice y se comenta insistentemente, involucrarían al conjunto del sistema político del país.

Este último aspecto, se ratifique o no en los próximos días, se ha constituido en una certeza para amplios sectores de la ciudadanía. Ya no se trata de una sospecha sino que para muchos de una realidad incuestionable. A través de esta percepción, en muchas personas, adquiere veracidad esa ya antigua idea que en política "todos roban".

Por esta razón, como se resuelva el litigio establecido entre el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos y el Tribunal Constitucional adquiere trascendente importancia. Se trata, ni más ni menos, de la credibilidad de la institucionalidad democrática y de su capacidad para hacer valer el principio de igualdad ante la ley, el que constituye la base de la legitimidad de la gobernabilidad democrática. No se puede tapar el sol con un dedo.

Lo que se juega es la dignidad y la respetabilidad de la política. Y sin política digna, robusta, confiable, la propia estabilidad del Estado y la correcta marcha del país se ven afectadas muy severamente. Entre bambalinas se da el paradojal argumento de que sí tantos son los afectados como son los rumores que circulan, poco menos que se produciría un terremoto político. Los más alarmistas predicen una "hecatombe", sin indicar ni menos precisar cuál sería aquella.

Sin embargo, esas abultadas predicciones se desvían del tema de fondo, que surge de la inequívoca realidad de que en democracia no se puede ocultar ni escamotear a la ciudadanía, ni la información ni la verdad, sobre una situación de tan grande trascendencia. Por eso, no estamos ante un caso más; de lo que se trata es que el sistema político tenga el coraje necesario para enfrentar la situación. Aquel o aquellos que incurrieron en malas prácticas deben asumir su responsabilidad y las sanciones que los Tribunales indiquen.

La lucha contra la desigualdad, por una sociedad que disfrute de grados crecientes de justicia social y progreso económico, que afiancen la paz social y la gobernabilidad democrática requiere poner término y disolver drásticamente la cohabitación de política y negocios, de modo que exista plena garantía que aquellas malas prácticas no tendrán cabida y serán enérgicamente sancionadas.

La fortaleza del Estado así lo demanda. Hoy, la alternativa no es intentar ocultar lo que es imposible esconder, por el contrario, sabido lo que se tenga que saber, el país sacara las lecciones que se desprendan y retomará su marcha como es debido.

La transparencia será un impulso y no un retroceso. Los males de la democracia se sanan con más democracia.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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