La paz social exige diálogo

Para gobernar con auténtico sentido nacional quien detenta la autoridad en democracia, tiene como condición un requisito esencial: dialogar con todos los sectores, tanto si son aliados como si son opositores.

Gobernar no es hartarse de vanagloria con los amigos, sino que abrirse a recoger los más amplios puntos de vista acerca de la marcha del país y encontrar aquello que es lo fundamental en su contenido para aunarlos en pos del interés nacional. Si ello no se consigue la paz social se resiente. Por ello que el diálogo no es algo puntual, fácilmente desechable, es una obligación de los buenos gobernantes.

Ello no está ocurriendo hoy. Ante el rebrote de las demandas estudiantiles, la autoridad se atrinchera tras la redacción de diferentes proyectos de ley, que constituyen y expresan su exclusiva posición.

Luego, ante el reclamo que se provoca, desvía la tensión hacia el Congreso Nacional afirmando que es allá donde se podrá dialogar. Ello no sucede. El gobierno permanece inmóvil, presente pero estático, sin recoger nada sustantivo de lo que sus interlocutores plantean o solicitan. Se limita a vigilar que todo salga de acuerdo a su única y excluyente voluntad política.

Luego, cuando el Poder Ejecutivo considera que se cumplió la rutina, utiliza el mecanismo de las urgencias legislativas para obligar a votar sus iniciativas, apoyándose además, en que son inadmisibles todas las materias que significan gasto publico o modifican la organización financiera o administrativa del Estado.

Las peticiones de las fuerzas sociales no son recogidas y, como el escenario radica en las salas del Parlamento, el gobierno traslada al Congreso Nacional la rabia y el resquemor de los involucrados que se manifiesta sin matices ni sutilezas, definiéndolo como inútil o inservible. Hacia allá se va el costo político por la ausencia del diálogo social necesario.

Es cierto que hay conductas de parlamentarios que son inexplicables. Como se usa decir: "señalizan a la izquierda y viran a la derecha", en un juego que en nada dignifica la acción política.

Es verdad que así se provoca mayor desencanto. Sin embargo, el origen del malestar social es la completa incapacidad para escuchar del gobierno, más aun, la ineptitud y franco rechazo con que trata las propuestas de quienes piensan distinto.

El problema real y de fondo es que al gobierno solo le preocupa e interesa imponer su exclusivo punto de vista, pues antes tuvo que someterse a las exigencias de sus grupos internos para que no fueran sus propias filas las que desplomaran sus proyectos.Es habitual presenciar ministros rígidos, ya que no tienen el más mínimo espacio de acción por las imposiciones de sus "comisarios" políticos, los voceros de derecha que son, en definitiva, quienes deciden.

Por tal dinámica, hay un creciente encapsulamiento del gobierno, que rodeado y vitoreado por gente afín, que halagado y subjetivizado por su hostigosa propaganda, llena de auto elogios asfixiantes para la ciudadanía, explica en medida decisiva por qué la confrontación ha vuelto a las calles de nuestro país.

El gobierno, por sus conflictos, ha preferido simplemente no escuchar. Es un tótem, está, pero no se mueve, no acusa recibo, solo sigue encerrado en su propia lógica.Es el poder de unos pocos.

En septiembre pasado, en el mismísimo Palacio de La Moneda, el Presidente de la República se mostró comprensivo hacia los líderes estudiantiles que le insistieron en sus propósitos de reinstalar en Chile una Educación pública, gratuita y de calidad.

Días después en Naciones Unidas, el gobernante fue halagüeño en sus palabras hacia el estudiantado. De allí para acá la maquinaria estatal ha caminado en la dirección contraria.

Fue así que para Educación hubo un fondo de recursos virtual y no real en la ley de Presupuestos, que se ha presentado una reforma tributaria que no recauda lo que se necesita, que se prometió una agencia pública para los créditos estudiantiles y luego todo se redujo a la entrega de una nueva función a la Tesorería General de la República y que, además, en la ley en trámite sobre tributos se ha incluido un beneficio impositivo para quienes tienen sus alumnos en la Educación particular subvencionada, lo que significa en definitiva, hacer de la Educación pública un simple apéndice minúsculo del sistema de enseñanza, únicamente útil para mantener la segregación de los más pobres. Ello es una ofensa a la tradición republicana de Chile.

Por si fuera poco, la autoridad pide que todo se lo aprueben con urgencia.

Hemos llegado a un punto muy delicado. El gobierno solo quiere imponer lo suyo. Ha olvidado que para la paz social el diálogo es una condición esencial.La autoridad se ha instalado en una cápsula que no recoge, rescata o atiende opiniones que no sean las de sus adeptos.

Como país no podemos seguir por ese camino.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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