La responsabilidad política

El estrepitoso fracaso del contrato de explotación del litio, provocó la renuncia -sea por su decisión personal o por resolución política superior- del subsecretario responsable de dicha cuestionada operación; en consecuencia, aunque fuese de manera parcial, el país fue testigo que se ejerció el principio de la responsabilidad política con el alejamiento de este funcionario.

Lamentablemente, no es la tónica en el actual gobierno.En las últimas semanas son innumerables las situaciones de diverso orden, en que la autoridad rehúye el cumplimiento de este compromiso básico en el ejercicio de la gobernabilidad en democracia. Al eludirlo se agrava aún más la crisis de confianza y el desencanto hacia el sistema político en su conjunto.

En el caso de la denuncia pública por la pérdida de hasta el 10% de los decomisos de droga no ha pasado nada. Con toda la gravedad que esto supone por la impunidad en un hecho tan funesto, sumada a  la enorme inversión en medios humanos y materiales que el país ha comprometido. No puede ser que el riesgo de vida que corren los efectivos de Carabineros e Investigaciones en la lucha contra el narcotráfico se dilapide de manera tan negligente y bochornosa.

Luego se ha producido la denuncia por el abultamiento hasta un 400% de su costo real en la compra de equipos para la detección del ingreso de drogas.Ante ello, un Jefe de División del ministerio del Interior, el ex fiscal, Sr. Peña, presentó su renuncia. Sin embargo, en este hecho tan grave, que ha incluido un allanamiento de oficinas en el mismo Palacio de La Moneda, no existen autoridades que asuman la responsabilidad política que corresponde. Hasta ahora, el país está perplejo.

En la Cámara de Diputados hubo un enojoso incidente entre el Ejecutivo y parlamentarios. Al día siguiente, la Sra. ministra del Trabajo señala que trató a una parte de ellos de "huevones de mierda", agregando como argumento- que avala tal conducta- que lo haría de nuevo. Hubiese sido mejor que se distanciara de su ofuscación y exabrupto, como se lo exige la dignidad del cargo.

La gravedad del incidente se ha manoseado con la alusión a un pasado altercado en el mundo de la farándula, en el cual una de las protagonistas se auto caracteriza con la frase: "no tengo care' de cuica", así como con expresiones homofóbicas de uno de los contendientes. El Congreso Nacional no puede ser menoscabado de esa manera.

Además, se ha denunciado en la Comisión de Obras Publicas del Senado, con antecedentes fundados, suscritos por personas y entidades especializadas, que para Chile sería una mejor inversión construir un túnel y no un puente sobre el canal de Chacao para asegurar la conectividad de la Provincia de Chiloé. Los argumentos son contundentes, es más seguro, más barato y más rápido.

Ante ello el candidato y ministro sectorial no da la cara y, sorprendentemente, aparece el vocero de La Moneda hablando en su reemplazo. Con ello se confirma que el costo financiero no es lo que interesa sino que hay una decisión de carácter electoral. Una alternativa que cuesta al país varios centenares de millones de dólares menos no es lo que motiva, sino que el aumento o disminución de la popularidad del presidenciable.Esa va directamente en contra del bien común.

En línea con la naturaleza del problema anterior, la Contraloría de la República ha reprendido a dos ministros por el uso del cargo en actividades proselitistas en la comuna de Recoleta. El mismo aludido no se siente sancionado. El alcance moral de su conducta no le afecta y se refugia en una martingala reglamentaria.

La imagen que se proyecta es de un gobierno que se desentiende de estos comportamientos que no dignifican la política y cuyo sentido esencial es auto elogiarse con cifras en que se confunden los logros del país con su presencia temporal en el poder, además, que está sujeto a una invariable conducta de hacer caso omiso con sus obligaciones de buen gobierno, como es evidentemente la sanción política a la desidia y la negligencia con el uso de los recursos fiscales y de la dignidad que exige la condición de servidor público.

Al comenzar el periodo legal de campana electoral, ojalá que esta conducta se detenga y no se agrave; no obstante, hasta ahora las señales no son buenas. Lo esencial es si prevalecerá o no el sentido republicano de la responsabilidad política o si quedará pendiente a la espera de tiempos mejores.

La exhibición de conductas reprobables está haciendo un severo daño a la recuperación de la dignidad republicana que se venía logrando desde el inicio de la transición democrática en 1990.